Lo que está sucediendo en este momento en Bankia -y, en general, en España- no es más que un síntoma del altísimo riesgo de estallido del conjunto del sistema financiero occidental al que nos enfrentamos. Porque Grecia y España no son en absoluto «el problema», sino exclusivamente los puntos débiles por los que la crisis financiera occidental se está manifestando.

La crisis de Bankia y la salida masiva de capitales que se está produciendo en España y Grecia corre el riesgo de extenderse al conjunto de los países periféricos europeos y, a la vez, a la gran banca de inversión USA (como muestra, el progresivo derrumbe de Morgan Chase).

Que el proceso está fuera de control parece evidenciado por la velocidad a la que se modifican las expectativas de pérdidas y «necesidades» de rescate en entidades como Bankia o Morgan Chase. De un día para otro los miles de millones de euros o dólares fluctúan multiplicándose en una dinámica que está desbordando no solo a los propios gestores de las entidades financieras directamente afectadas, sino a sus propios gobiernos.

Lo que está sucediendo en España durante estos meses, con cambios semanales de estrategias en relación con las cifras de los presupuestos públicos, la política fiscal, la política bancaria, los recortes de gastos... nos revela también que el conjunto de la política económica española se encuentra en una situación límite de desbordamiento y descontrol. Que, por supuesto, sólo en forma muy limitada es imputable al actual gobierno y que tiene que ver tanto con la gestión española de la crisis como con la gravedad de la evolución de la crisis financiera occidental en su conjunto.

Si algo no somos en EKAI Center es fatalistas. Al contrario. No creemos en la economía como una ciencia física y permanentemente destacamos el papel esencial de los ciudadanos y de los responsables políticos en la reconducción de los retos económicos.

Lo realmente preocupante de este proceso es que, transcurridos cinco años desde el estallido de la crisis, nos encontramos aún ante una increíble ausencia de políticas realmente dispuestas a enfrentarse a los problemas de fondo.

En efecto, los estados europeos centrales, después de los fallidos intentos de abordar el problema de fondo en 2008, apostaron finalmente por no enfrentarse directamente al sistema financiero y, simplemente, ganar tiempo, escondiendo los problemas de derrumbe del sector financiero dentro de estrategias de ajuste o austeridad destinadas en el fondo a limitar el impacto que el previsible derrumbe del sector financiero iba a tener sobre la industria europea.

Frente a ellos, las estrategias «expansivas», claramente apoyadas por los grandes bancos, que han sido aplicadas durante todos estos años en USA, por la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y -durante 2008 y 2009- por los estados periféricos europeos. Estas políticas desconocen otra solución a los problemas del sector financiero distinta de inundar de dinero a los bancos, a través de una u otra forma de rescate, directo o indirecto, ahora con frecuencia escondido detrás del término «políticas de crecimiento».

Como consecuencia de todo ello, en lugar de abordar el sobredimensionamiento del sector financiero occidental, sólo se ha retrasado -y, probablemente, agravado- el problema de fondo. Pero, si no han sabido enfrentarse al problema, los dirigentes políticos de nuestros estados deberían al menos prepararse para saber cómo actuar ante el riesgo de un estallido en el sistema financiero de su respectivo estado -o en el conjunto del sistema bancario occidental-.

Esto supone tener analizados con precisión distintos escenarios, dentro y fuera del Euro, con o sin impago de la deuda pública, con o sin reestructuración bancaria. Porque, en el momento en que el estallido se produzca, será demasiado tarde para empezar a definir estas políticas. En ese momento, es esencial que se adopten medidas drásticas y, por supuesto, que se adopten en la dirección correcta. La rapidez en la adopción de este tipo de decisiones puede ser esencial en los momentos críticos.

Una declaración de impago de la deuda pública, o de la deuda de los bancos con el mercado financiero, puede adoptarse en un día, si todo está preparado para ello, o puede tardar semanas si las estrategias no están suficientemente preparadas. Una decisión de abandonar la Eurozona necesita unos determinados soportes técnicos y materiales que pueden estar preparados y ponerse en marcha en una semana... o en meses.

El que todo ello se materialice a una u otra velocidad va a ser esencial para la reconducción o no de la crisis y, por supuesto, para el futuro del país afectado a medio y largo plazo.

Por otra parte, no hay que olvidar que la permanente tentación de nuestros gobernantes es resolver todos los problemas con nuevas medidas de rescate. Es más que dudoso que, dado el tamaño del sobredimensionamiento del sector bancario, en las circunstancias actuales este tipo de medidas puedan realmente resolver el problema. Pero, al contrario, sí pueden conseguir que un posible hundimiento del sector bancario se vea acompañado del hundimiento de nuestros gobiernos y, arrastrados por ellos, del hundimiento del tejido productivo de nuestros países.

Pero estas estrategias de «rescate permanente» son aparentemente las únicas que algunos de nuestros gobernantes conocen para enfrentarse a los problemas del sector financiero. En el fondo de todo ello late la falta del suficiente análisis y comprensión de los verdaderos problemas subyacentes en la actual crisis financiera. Y, desgraciadamente, también la habitual sumisión al sector financiero de una buena parte de los responsables políticos de los estados occidentales.

Ante todo ello, nuestra misión como ciudadanos no puede ser otra sino poner claramente sobre la mesa lo que consideramos como estrategias necesarias para posicionarse adecuadamente ante los riesgos latentes en el sistema financiero. Como hemos puesto de manifiesto repetidamente, es necesario analizar con frialdad -y con detalle- los distintos escenarios y las estrategias alternativas. En nuestra opinión, con una referencia clara: contener al máximo los rescates bancarios y abordar, con la mayor urgencia posible, la reestructuración y redimensionamiento de las entidades financieras, para su adecuación a la verdadera capacidad de pago de familias, empresas y gobiernos.