El ejemplo más paradigmático de la corrupción entre la clase política fue el gran negocio de las Olimpiadas en Atenas de 2004. Con un presupuesto oficial de 9 mil millones de euros, los costes fueron multiplicándose progresivamente hasta alcanzar un cifra cercana a los 28 mil millones de euros que nadie, a día de hoy, ha sabido explicar a dónde fueron a parar.

Un reciente informe, publicado por el diario Kathimerini, asegura que el costo anual de la corrupción en Grecia supera en valor a los recortes que para 2012 se llevarán a cabo en las pensiones y los salarios. Según esta investigación, el importe superaría los 4 mil millones de euros al año, a los que habría que añadir la cuantiosa, y hasta ahora legal, fuga de capitales.

Las estimaciones más conservadoras calculan que, desde la fecha del primer contrato de préstamo en 2010, más de 60 mil millones de euros han salido del país en busca de bancos suizos o paraísos fiscales, una cantidad que representa el 27 por ciento del PIB griego. Así lo explica el economista Leonidas Vatikiotis, para quien la famosa «libre circulación de capitales» significa la permisividad de los diferentes gobiernos hacia una élite financiera que para llevar a cabo el blanqueo de sus capitales roban al país la capacidad productiva. «Esta práctica -asegura el economista- se debe a una serie de medidas y regulaciones que datan de los años 80 y 90, y que ahora es el momento de revisar» imponiendo controles a los movimientos especulativos de capital como hicieron en los últimos años países como Argentina, Brasil o Corea del Sur. Las grandes fortunas griegas -armadores y propietarios de grandes grupos de comunicación principalmente- han aprovechado esas leyes impuestas por organismos como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial y la Unión Europea para sacar sus fortunas con absoluta impunidad y evitar además tener que pagar impuestos.

Como colofón, las constantes amenazas vertidas por las instituciones financieras internacionales de que el país podría verse fuera de la eurozona de no cumplir las draconianas medidas de ajuste exigidas solo han servido para fomentar una evasión de capitales cifrada en 5-6 mil millones de euros mensuales, llegando a su punto álgido el pasado octubre (con la renuncia del primer ministro Yorgos Papandréu) cuando llegó a duplicarse esa cantidad, según detalla Vatikiotis.

La corrupción de la administración

Esta connivencia en el ámbito internacional opera también a nivel local, donde las empresas griegas aceptan con normalidad el pago de comisiones ilegales a una clase política ávida de dinero, y en los que se han llegado a ver implicadas multinacionales como Siemens.

Para la sección griega de la ONG Transparencia Internacional, el volumen de los sobornos pagados a funcionarios públicos durante el pasado año superaría los 500 millones de euros, y una cifra similar recoge el último informe del Banco Mundial, referente a 2010, sobre la corrupción en Grecia: 436 millones de euros para «facilitar» la obtención de permisos o licencias, evitar inspecciones fiscales, o conseguir contratos o concesiones de las distintas administraciones públicas.

El estudio llevado a cabo entre 550 firmas griegas encontró que un 21,6 por ciento de ellas pagaban habitualmente para conseguir acelerar sus trámites administrativos, un 55,9 por ciento lo hacían para eludir dificultades con Hacienda y un 14,5 por ciento de las empresas encuestadas aseguraban que el soborno era una condición sine qua non para conseguir un contrato estatal.

Para ello las compañías destinaban de media un 0,2 por ciento de su volumen de ventas a «engrasar» los diferentes resortes de la administración y un 0,8 por ciento como contribución en los procesos de concursos, licitaciones o contratos públicos.

Uno de los últimos casos descubiertos, hace apenas un mes, tiene como protagonista al ex-ministro de Defensa del Pasok, Akis Tsojatzopulos (amigo y colaborador íntimo de Andreas Papandréu), acusado de «blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas» y quien además cobró importantes comisiones de la industria armamentística entre 1997 y 2001, con lo que amasó una importante fortuna invertida en propiedades inmobiliarias.

El fraude del blanqueo de dinero se duplicó el pasado año y las cifras recopiladas por la Brigada de Delitos Financieros indican que cerca de 3 mil millones de euros al año se utilizaron para el comercio ilegal de drogas, alcohol y tabaco, así como en el contrabando de armas y de combustible.

Las cantidades ponen en evidencia la ausencia de motivación política para poner fin a unas prácticas que solo benefician a los más ricos y que superan ampliamente el importe de los recortes sociales aplicados contra la mayor parte de la sociedad griega.