El director general de Hacienda, Xabier Olano, y la directora de Política fiscal, Itziar Miner, ofrecieron ayer una rueda de prensa para presentar la norma foral que regulará el nuevo registro de «contribuyentes de alto riesgo», en la que figuran las condiciones que se han de cumplir para que determinados ciudadanos figuren en el mismo.

Olano informó de que el registro es consecuencia del Plan 2012 de Comprobación Tributaria y de que el «objetivo y obligación de los gestores de Hacienda de hacer el máximo esfuerzo contra el fraude fiscal». Puntualizó que este censo tendrá «carácter no público», y que será gestionado por la Subdirección General de Inspección del Departamento de Hacienda.

En este registro estarán incluidas personas o entidades que hayan sido imputadas por delitos contra la Hacienda Pública, que se les haya revocado del Número de Identificación Fiscal, que tras tres intentos no hayan recibido la notificación de comprobación tributaria, que hayan recibido sanciones no pecuniarias, que hayan sido responsables solidarios de un delito fiscal o que hayan sido declarados fallidos en un procedimiento de apremio o que hayan llevado a cabo actuaciones fraudulentas sobre su patrimonio contra los intereses de Hacienda.

Los motivos para cancelar la inscripción en este registro son, fundamentalmente, ponerse al día con las deudas o irregularidades cometidas con Hacienda, las sentencias absolutorias de delitos o los sobreseimientos, la rehabilitación del NIF o la expiración del plazo de una sanción no pecuniaria.

Una de las consecuencias de que un contribuyente figure en el registro es que podrá ser incluido en los planes de comprobación tributaria anuales de Hacienda. En cualquier caso, el registro está sujeto a las garantías previstas en la legislación protectora de datos de carácter personal y en la Norma Foral General Tributaria.

Acabar con la «reincidencia»

Según comentó Itziar Miner, la norma cuenta ya con el informe favorable de los servicios jurídicos de Hacienda que han confirmado que está en consonancia con la legislación vigente. La directora de Política Fiscal añadió que, sin embargo y a petición de los partidos de la oposición, será sometida al dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de las Juntas Generales, «algo que no es obligatorio ni vinculante y que no se ha hecho nunca, pero que no tenemos problema en hacer», puntualizó.

Por su parte, Olano, tras afirmar que «las razones por la que una persona o entidad figuren en el registro deben de ser objetivas», resaltó que con esta norma pretenden también atajar «la reincidencia» de los contribuyentes que defraudan. El director de Hacienda resaltó, además, su aspecto «pedagógico» porque «la sociedad debe saber que Hacienda vela por sus intereses y tiene en cuenta a los que no cumplen y no son solidarios con el resto».