Un grupo de personas de colectivos sociales, pensionistas, desempleados y trabajadores en precario entraron en las instalaciones de la sede central de Lanbide de Bilbo, mientras que en la puerta otro grupo numeroso se concentró en su apoyo con una pancarta en contra de los recortes sociales.

En las instalaciones procedieron con gritos de «no falta dinero, sobran ladrones», «no a los recortes sociales», «en lugar de caridad, justicia social». Después de un cuarto de hora se acercaron, alertados por el personal de vigilancia del centro, dos patrullas de la Ertzaintza. Los agentes reclamaron el carnet de identidad a varios de quienes se habían introducido en la sala de espera del Servicio Vasco de Empleo.

En medio de esa situación tensa, un representante de los colectivos sociales remarcó que «hemos ocupado las oficinas para denunciar los continuos recortes en el sistema de protección social aplicados por el Gobierno vasco: endurecimiento de los requisitos para el acceso de las diferentes prestaciones sociales (Renta de Garantía de Ingresos y Ayudas de Emergencia Social), reducción de las cuantías de las mismas, incumplimientos sistemáticos de la normativa que las rige o de las recomendaciones del Ararteko en esta materia. Además de las continuas campañas de criminalización de las personas perceptoras».

En el encuentro dieron cuenta del «desbarajuste burocrático» y la demora de dos meses «en la atención a las personas pensionistas, desempleadas y con empleos precarios».

Juntas Generales

La diputada foral de Acción Social, Pilar Ardanza, fue interpelada por Bildu sobre las ayudas que presta a las personas que están en riesgo de exclusión y el cumplimiento de los requisitos de inclusión social.

Amaia Agirresarobe, de Bildu, criticó «el actual proceso de recortes sociales y debilitamiento del sistema de protección social». Recordó que «fueron PSE, PNV y PP quienes endurecieron las condiciones para poder acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), competencia del Gobierno de Gasteiz, en plena crisis económica y paro elevado». La Diputación de Bizkaia «siguió los mismos pasos de recortes a la exclusión social». Cáritas admite que son 2.600 las personas afectadas por este endurecimiento de condiciones, pero la diputado foral no proporcionó el dato.

Por último, en declaraciones a GARA, Agirresarobe explicó que «vamos a llevar este tema al pleno de las Juntas Generales para que se actúe como la Diputación de Gipuzkoa para que las arcas públicas cubran a aquellos casos que sufren este empobrecimiento y que, por desgracia, va al alza».