Roméo Langlois fue capturado por las FARC el 28 de abril cuando cubría una operación «antidroga» del Ejército. Iba como periodista empotrado. La clase política nacional e internacional así como organismos no gubernamentales se apresuraron a pedir su liberación, lo que, en palabras de Langlois, complicó la entrega porque la guerrilla «se sintió insultada» y decidió aprovechar el tirón mediático para «demostrar que siguen ahí y que el conflicto continúa».

Las FARC condicionaron la entrega a la apertura de un debate serio sobre el papel de los medios de comunicación y su cobertura del conflicto armado. Las primeras palabras de Langlois estuvieron, precisamente, dirigidas a sus compañeros de profesión. «Digo yo, como periodista, que hay que seguir cubriendo el conflicto desde todos los lados. Ojalá que el Ejército siga llevando gente a las zonas de conflicto. Ojalá haya personas que también van con la guerrilla a mostrar el vivir diario de los combatientes», remarcó.

Afirmó no haber pasado miedo durante los 33 días de cautiverio porque «las FARC no están en contra de los periodistas, especialmente cuando son extranjeros, independientes y han tratado el conflicto en muchos reportajes con objetividad».

Aseguró que lo ocurrido «no ha cambiado para nada» su percepción del conflicto y que le parece «triste que haya que retener gente para que alguien venga a esta zona».

Durante unas horas, los habitantes de San Isidro, la pequeña localidad donde se efectuó la entrega, tuvieron oportunidad de denunciar la situación de abandono en la que viven.

Aunque el Gobierno de Juan Manuel Santos se negó a recoger el guante lanzado por las FARC, el debate sobre la actuación de los medios ha llegado hasta el Parlamento colombiano.

El gubernamental Partido de la U ha presentado a través de su senador Armando Benedetti un «protocolo» criticado por entender que podría limitar el acceso a las zonas de combate.

Propuso que los periodistas reciban como mínimo un entrenamiento militar y otro de primeros auxilios y que lleven su propio casco y chaleco antibalas, requisitos accesibles solo para las grandes corporaciones.

En declaraciones a BBC Mundo, el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, Andrés Morales, reclamó un debate más amplio.

Tras calificar de «muy oficialista y sesgada» la cobertura, lamentó que se «estigmatice a aquellos que tienen en cuenta a otras fuentes ligadas a grupos ilegales, llámese guerrilla o paramilitares».