Ante la apertura oficial de la nueva cárcel de Iruñea, oficialmente denominada Norte-II, los colectivos Sanduzelai Auzo Elkartea, Herrira, Salhaketa y Subeltz han convocado una concentración en la rotonda del híper Eroski a la que llaman a acudir con silbatos «para que nuestra protesta llegue a los oídos del ministro del Interior».

En este sentido, denunciaron que la delegada del Gobierno español en Nafarroa, Carmen Alba, les ha prohibido concentrarse ante las puertas de la nueva cárcel «con excusas de orden público». «Con esta decisión, lo que pretenden es invisibilizar nuestra protesta», añadieron.

Sanduzelai Auzo Elkartea denunció que con la nueva cárcel «se han cargado una colina, la de Soltxate-Santa Lucía, que es reserva paisajística y suelo natural forestal», para lo que «se han saltado a la torera» las leyes de protección medioambiental.

«Iruñerria ha perdido un millón de metros cuadrados de parque público comarcal», añadió la asociación vecinal, que destacó que el Gobierno español ha hecho caso omiso de las aportaciones realizadas por la ciudadanía y tampoco ha respondido a las 115 reclamaciones por daños producidos en viviendas debido a las voladuras.

Salhaketa y Subeltz, por su parte, justificaron su oposición a la nueva cárcel porque aunque estaba prevista para 504 presos albergará 1.200. «Estas dimensiones sobrepasan con creces el número de personas presas navarras o con arraigo en Navarra», por lo que se trasladará a presos de otras zonas del Estado. En este sentido, exigieron al Gobierno navarro que garantice que los presos navarros sean trasladados a Iruñea.

Además, denunciaron que «se han invertido miles de euros en la construcción de la nueva cárcel, pero el Gobierno de Navarra no ha previsto la inversión para adaptar los recursos públicos a la nueva realidad penitenciaria», con una mayor población de presos, por lo que los programas de reinserción se verán muy negativamente afectados.

No a las medidas de excepción

Herrira anunció que también estará presente en la protesta para decirle al ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, que «deje de jugar con la vida de los presos políticos vascos. Le pediremos el abandono de las medidas de excepción, que liberen a los presos enfermos y a los que han cumplido toda su condena y que los reagrupen a todos en Euskal Herria».

«El martes denunciaremos la política de venganza que llevan a cabo los estados español y francés. Es una política penitenciaria que sigue vulnerando los derechos humanos de los presos y sus familiares, que sigue generando sufrimiento en cientos de familias de este país y que va en contra de los deseos de paz manifestados en repetidas ocasiones por la mayoría de esta sociedad», subrayó Fran Balda, portavoz de Herrira.