Esta semana, la agencia Fitch rebajó la calificación de la deuda de Catalunya a BBB, es decir, a un paso del llamado bono basura. Pese a que estas agencias no son, precisamente, monjas de la caridad, tener la calificación más baja de todo el Estado -junto a Castilla-La Mancha- podría dar qué pensar a un Govern y a una oposición que, sin embargo, prefieren centrar el debate en la negociación de un pacto fiscal del que Rajoy, De Guindos y compañía no quieren oír hablar. Y menos con la que está cayendo.

Después de centrar el primer año y medio de legislatura en los graves recortes que han desnudado la educación, la sanidad y los servicios sociales, el Govern de Artur Mas se dispone ahora a retomar el programa que llevó a CiU a recuperar el Palau de la Generalitat: el pacto fiscal. Es decir, un nuevo modelo de financiación parecido al de la CAV y Nafarroa que ponga fin al gran desequilibrio de la balanza fiscal entre el Principat y el Estado, siempre favorable al último.

Una hacienda propia

Para ello, esta semana se ha celebrado una reunión entre los partidos catalanes con la intención de sumar un bloque lo más amplio posible para presentar el proyecto en Madrid. Pese a que CiU ha realizado una lectura positiva del encuentro -sobre todo por el anuncio del PP de que se abstendría si el acuerdo es mayoritario-, el Govern tiene una papeleta complicada para conjugar las posturas del PSC y de ERC. Los socialistas presentaron un documento propio en la reunión, en el que abogaban por un nuevo modelo de financiación que singularice el caso catalán, pero sin salir, de ninguna de las maneras, del régimen general de la LOFCA. Esquerra, por su lado, no quiere oír hablar de rebajar el pacto fiscal para contentar al PSC y exige «la clau de la caixa» (la llave de la caja), es decir, una Hacienda propia.

Precisamente, la creación de un Hacienda propia ha sido uno de los temas más recurrentes en los días previos a la reunión de los partidos, en los que varios dirigentes convergentes insistieron en la idea de un plan B, por si la negociación con el Estado fracasaba. Dicho plan alternativo se encaminaría hacia la creación, de forma unilateral, de la Hacienda propia tan ansiada. Más allá de la duda de si el Govern estaría verdaderamente dispuesto a dar un paso rupturista como ese, lo que reflejan los comentarios sobre el plan B es la escasa confianza en que el Gobierno central se avenga a negociar un pacto fiscal en el contexto actual. Es decir, con perdón por la dureza de la expresión, están pariendo un hijo muerto.

Pese a saberlo, tanto el Govern como los partidos de la oposición han centrado su discurso en la negociación del pacto fiscal. Lo propio han hecho los grandes medios de comunicación del panorama catalán, que han llenado quioscos y telediarios con los tiras y aflojas entre los partidos a cuenta del modelo de financiación. Pero, pese a que la posición de la mayoría de la población es favorable al pacto fiscal, el debate no existe en la calle. Buena muestra de ello es el hecho de que Barcelona apenas ha acogido actos públicos, ni a favor, ni en contra.

Un debate limitado

El debate, por tanto, queda limitado a las redacciones y al Parlament, que de esta manera levantan una cortina de humo que les impide abordar la grave situación económica que sufre Catalunya, que ha puesto en pie de guerra a los sectores de la sanidad y la educación y que ha congelado de facto ayudas vitales como la Renta Básica de Inserción. También se evita hablar de asuntos espinosos como la investigación judicial sobre la financiación ilegal de Convergència.

El Govern se escuda en señalar que la situación económica del Principat no sería tan grave de contar con un pacto fiscal que equilibrase la balanza entre lo que aporta Catalunya y lo que recibe. Razón no les falta.

Según un reciente estudio de la Generalitat, la suma de lo aportado por los catalanes al resto del Estado en 2009 -último año del que se disponen datos-, ascendió a la escalofriante cifra de 16.409 millones de euros. No es poco. Es exactamente la misma cantidad que, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), las grandes fortunas y empresas catalanas evaden al fisco cada año. Todavía no hay ninguna reunión de partidos convocada al respecto.