La iniciativa del Partido Popular de abordar la posibilidad de que aquellas personas que tuvieron que salir por las amenazas de ETA puedan ejercer su derecho a voto en Euskal Herria ya tiene su primer armazón legal. Un grupo de expertos nombrados a dedo por el Ministerio del Interior se reunió ayer para deliberar el asunto y ver las posibilidades que existen en el entramado jurídico para abordar una cuestión que ha recibido innumerables críticas porque puede convertirse, de facto, en una maniobra para alterar el censo electoral en provecho propio. Los supuestos expertos «imparciales» vinieron a confirmar un aspecto que era una evidencia palpable desde el minuto uno en el que empezó a debatirse este asunto: la imposibilidad real de comprobar los motivos por los que estas personas se marcharon de Euskadi. Un problema que ha encontrado solución con una decisión salomónica: abrir el abanico de ejercer sufragio a todas las personas que en el pasado hayan vivido en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra. «Todos los electores que hayan estado avecindados en el País Vasco o Navarra y posteriormente se hayan desplazado a otra parte del territorio nacional», afirma la ponencia elaborada por el profesor de Derecho Administrativo Fabio Pasqua. Ante un escenario tan abierto y tan susceptible a contemplar circunstancias que nada tienen que ver con la violencia de ETA, todo indica que el PP pretende condicionar el resultado de los siguientes comicios dando opción a que personas que puntualmente hayan residido aquí pero que posteriormente no han tenido ninguna vinculación con la realidad vasca puedan marcar su futuro político. (...) admite, eso sí, la complejidad jurídica de su materialización y pasa por alto las competencias propias de ambas comunidades, un ejercicio más de la paulatina recentralización que está llevando a cabo el PP. El ministro Jorge Fernández Díaz niega «cálculos electorales» en sus intenciones y habla de «reparación y justicia», objetivos que brillan por su ausencia en esta calculada maniobra política.