El mismo día en que una delegación de Amnistía Internacional mostraba en Gasteiz su preocupación por el hecho de que el Ejecutivo de Lakua no cumpla las recomendaciones sobre tortura y uso de la fuerza policial, el Comité contra la Tortura de la ONU publicaba una resolución que saca a relucir el trato que ha dispensado la Ertzaintza a los detenidos en comisaría y la nula voluntad del Estado español por investigar cualquier denuncia de ciudadanos vascos sometidos a malos tratos en comisaría.

Representantes de Torturaren Aurkako Taldea (TAT) y Behatokia, junto a los familiares de Orkatz Gallastegi Sodupe, informaron ayer del contenido del pronunciamiento del Comité creado por la ONU para velar por el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El joven alegó haber sido víctima de una violación del artículo 12 de esa Convención, en cuanto a que las denuncias de haber sido sometido a tortura y malos tratos mientras estuvo en manos de la Ertzaintza, que formuló ante los tribunales españoles, no dieron lugar «a una investigación pronta, independiente e imparcial».

Al Comité no le convencen las excusas planteadas desde el Estado español y considera que tienen la «obligación» de proporcionar a Gallastegi Sodupe «una reparación efectiva que incluya la investigación plena y exhaustiva». Asimismo, al igual que hizo en los casos de Encarni Blanco, Josu Arkautz y Kepa Urra, ese organismo dependiente de la ONU recuerda al Estado que «tienen también la obligación de evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro», instándole a que en el plazo de 90 días le informe de las medidas que va a adoptar.

Julen Arzuaga, de Behatokia, aseguró que el Estado español está ante una nueva oportunidad para acabar con estas prácticas, aunque no obvió que, en los casos anteriores, «no ha hecho nada». Es más, le instó a que atienda las recomendaciones como hace en otros temas.

Tras la lectura de las sentencias, tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo, el Comité estima que las declaraciones autoinculpatorias realizadas durante el periodo de incomunicación en las dependencias de Arkaute tuvieron un peso importante en el proceso abierto en contra del vecino de Berango, que afronta una condena de 26 años de cárcel por cooperación necesaria en el atentado que acabó con la vida del juez José María Lidón.

Precisamente, en la sentencia del alto tribunal español, dos de los magistrados emitieron votos particulares respecto a que se aceptase como «prueba hábil» las declaraciones autoinculpatorias recogidas en el atestado policial y que no fueron ratificadas ante el juez.