Los refugiados políticos quieren retornar con sus derechos plenos, sin «pucherazos»
El Colectivo de refugiados políticos celebró ayer un acto en Azkaine en el que reiteró su voluntad de participar en el proceso y de que sus integrantes retornen a sus lugares de origen con todos sus derechos. Por otro lado, se llevaron a cabo diferentes movilizaciones por los presos, especialmente por los enfermos.
GARA | AZKAINE
El recinto deportivo Kiroleta de Azkaine fue ayer el escenario de una serie de actos organizados por el Colectivo de refugiados políticos vascos bajo el lema «Iheslari politikoak herrira!».
Varios cientos de personas asistieron a esta jornada con carácter festivo-reivindicativo que arrancó al mediodía con una exhibición de deporte rural en la que participaron, entre otros, el harrijasotzaile Aimar Irigoien y los aizkolaris Ángel Arrospide e Iñaki Azurmendi.
Posteriormente tuvo lugar una comida popular, amenizada por la txaranga Kuxkuxtu, y ya por la tarde hubo un acto político. El primero en tomar la palabra fue Mikel Onko, exiliado natural de Markina y que subrayó que este colectivo ha de estar presente en la agenda de resolución del conflicto, ya que sin ello no puede haber una solución justa.
Seguidamente tomó el micrófono Xabier Ezkerra, quien recordó que este es un colectivo diseminado por todo el mundo y cuyos componentes viven por ello situaciones personales y jurídicas muy diferentes, muy difíciles en muchos casos.
El usurbildarra subrayó que el exilio por razones políticas ha sido una constante en la historia de Euskal Herria y agradeció el apoyo y la solidaridad recibida durante las últimas décadas por parte de la ciudadanía de Ipar Euskal Herria.
Ezkerra remarcó que el objetivo de todos los refugiados es retornar a sus lugares de origen, pero no «dando un pucherazo» -en alusión a la reforma del censo que prepara el Gobierno español-, sino con «sus derechos plenos, retornar siendo dueños de su futuro».
Por ello, insistió en la voluntad del Colectivo de participar en el proceso de resolución y emplazó a los estados a implicarse, pero aseguró que si Madrid y París no dan los pasos necesarios no están «dispuestos a esperar el permiso de nadie».
Presos enfermos
Varios cientos de personas se manifestaron en Gasteiz para pedir un cambio en la política penitenciaria y la liberación de los presos enfermos, especialmente los alaveses José Ángel Biguri, José Ramón López de Abetxuko y Gotzone López de Luzuriaga.
La marcha, organizada por Herrira, arrancó de la Plaza Bilbao a las 19.15 y concluyó en la Plaza de los Fueros con un acto en el que se expuso la situación de estos tres presos. Antes de comenzar, las integrantes de Herrira Ane Zelaia y Ana Sáez de Urabain apuntaron que «en el camino hacia la paz y la normalización, que es lo que tanto Herrira como la sociedad vasca desean, deben darse pasos para construir un futuro inclusivo sin vulneraciones de derechos y que supere todas las consecuencias del conflicto que durante tanto tiempo se ha alargado».
En Bizkaia se celebró una marcha ciclista entre Ugao y Galdakao para pedir la puesta en libertad del preso enfermo Txus Martín. El recorrido arrancó en Ugao sobre las 10.30 para desplazarse en primer lugar hasta Arrigorriaga, donde tuvo lugar una protesta.
Posteriormente, otra vez sobre las dos ruedas, los participantes se trasladaron hasta Galdakao, localidad de la que es natural Martín y donde hubo una manifestación que partió de la plaza Santi Brouard en torno a las 13.00.
Esta tarde, en Arbizu (Nafarroa), se llevará a cabo una manifestación a las 19.00 para exigir la liberación de Jesús Mari Mendinueta, quien continúa en prisión pese a estar enfermo y a haber cumplido su condena. El pasado mayo se le aplicó la doctrina 197/2006 y se alargó su pena hasta agosto de 2021.
Busturialdeko Herrira comparecenció en Muxika para recordar que ayer tenía que haber quedado libre Josune Onaindia, pero que tras veinte años seguirá presa otros diez por la doctrina Parot.
Desde Arrasate estaba prevista una marcha con la participación de concejales de Bildu, PNV y Aralar a la cárcel de León, donde está el preso enfermo Josu Uribetxeberria.
Cientos de personas se concentraron ayer en la plaza de Colón de Madrid convocados por Mujeres por la Justicia, una asociación creada por iniciativa de Voces contra el Terrorismo, una de las organizaciones de víctimas más beligerantes contra el Ejecutivo del PP, bajo el lema «Contra la impunidad, Justicia». Se trata del primer pulso lanzado por el sector más ultra de estas organizaciones al Gobierno de Mariano Rajoy, hacia el que se han mostrado reticientes por no instar a la ilegalización de Amaiur y Bildu o por poner en marcha el conocido como «plan de reinserción». Sin embargo, la plaza quedó a media entrada, por lo que no se puede decir que condicionasen al Ejecutivo. Eso sí, hay que tomar en cuenta que la AVT, la principal organización de víctimas y que capitaneó las manifestaciones contra el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no estuvo presente.
«¡Rajoy traidor!», este grito, aunque minoritario, evidencia el estado de ánimo de ciertos grupos derechistas que también confluyen en el PP. Instantes después de que un sector del público cargase contra el presidente español, un concejal en la CAV de su propio partido, Joseba Elejalde, se subía al escenario para lanzar un alegato favorable a la ilegalización. El público, ataviado con multitud de banderas españolas, coreaba lemas contra los presos políticos vascos e, incluso, contra el PP. Unas proclamas que se incrementaron en el momento en el que la presentadora del acto hizo mención a una veintena de cargos y exmiembros de la formación unionista que se habían sumado a la protesta. En realidad, la representación del ala crítica del PP, que políticamente está siendo capitaneada por el eurodiputado Jaime Mayor Oreja, apenas estuvo representada. Únicamente, tal y como ya había anunciado previamente, acudió Teresa Jiménez-Becerril, también eurodiputada y hermana del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril, muerto en atentado en 1998. La última intervención estuvo a cargo de José Alcaraz, que criticó los planes de reinserción hechos públicos por el Gobierno español y abogó por el cumplimiento íntegro de penas. A. PRADILLA