Las 39 personas que fueron detenidas en la pasada huelga general y en las sucesivas redadas policiales, así como las personas que fueron multadas, se presentaron ayer en Iruñea como un nuevo colectivo: Grebalarien Kolektiboa. Este nuevo agente nace respaldado por sindicatos como LAB, ESK y la CGT, así como por otros 27 colectivos, que van desde EHE y Nafarroa Bizirik a SOS Racismo. El total de las penas de cárcel que piden para todos los represalidados tras la huelga es de 163 años. Las multas suman 31.960 euros.

En su primer contacto con los medios, los miembros de Grebalarien Kolektiboa se mostraron «orgullosos» de su papel en la huelga del 29-M y se reivindicaron herederos de luchas históricas del movimiento obrero en el herrialde, como la mina de Potasas, Motor Ibérica o Imenasa. Además, les gustaría convertirse en «la rotaflex de los solidarios de Itoiz, (...) ser tan dulces como el merengue que cató la cara de Barcina o subir tan alto como el Euskal Jai, hasta el tejado».

Grebalariaren Kolektiboa se siente el cabeza de turco de una «caza de brujas» para ocultar el rotundo éxito que tuvo la huelga. Un castigo que ellos ven como «un escarmiento de épocas pretéritas».

En su manifiesto fundacional, los represaliados se reafirman en su convencimiento de la lucha obrera como medio para frenar los abusos. «Nos sublevamos ante sus pretensiones de hacernos dudar de la eficacia de la lucha y la protesta social. Pedimos la rebelión social como salida y único camino para que la balanza de la justica se incline hacia lo justo y no hacia lo legal de unas leyes sobre las que el pueblo no ha tenido oportunidad de pronunciarse», señalaron en su primera intervención.