El Parlamento de Gasteiz aprobó ayer la Ley de Cajas de Ahorros con los votos de PNV, PP y PSE, aunque el respaldo, matizado, de esta formación tiene mucho que ver con el miedo a que se viera reflejado en la Cámara un desaire como el sufrido con la Ley de Juventud. Realmente, los partidos que lideran Iñigo Urkullu y Antonio Basagoiti son los muñidores del texto, que consolida su control sobre Kutxabank. Hace unos meses ambos partidos pactaron la composición del consejo de administración de esa entidad.

Por ser un hecho grave, lo primero que llama la atención es que una ley tan importante como la que regula el sistema de cajas de la CAV se haya adoptado en los estertores de una legislatura que ha contado con un Parlamento mutilado por efecto de la Ley de Partidos y, por tanto, sin la participación de un importante sector social. Tan importante que el año pasado se erigió en primera fuerza municipal de Euskal Herria y también en número de representantes en el Congreso. Antes de que la Cámara represente con fidelidad la voluntad de la ciudadanía, PNV, PSE y PP parecen determinados a conformar una suerte de tripartito para dejar atados temas tan sensibles como este. La maniobra antidemocrática, además, no se cierra ahí, ya que lo aprobado ayer supondrá la adaptación, en un plazo de dos meses, de los estatutos y reglamentos de BBK, Vital y Kutxa, cuyos órganos de dirección no representan la nueva realidad institucional, definida por las pasadas elecciones municipales y forales. Y no lo hacen porque estos tres partidos decidieron suspender su renovación en febrero. Un escándalo, se mire por donde se mire.

Así es como ha salido adelante una Ley de Cajas que, siguiendo lo estipulado en la legislación española, rebaja al 40% la participación institucional en las entidades financieras, frente al 50% anterior, lo que dificulta su posible control público. Esa rebaja es además especialmente significativa en el caso de los ayuntamientos, las instituciones más cercanas a la ciudadanía, que ven reducida su representación casi a la mitad. Se trata, en definitiva, de una ley hecha a la medida de PNV y PP, y que no responde a las necesidades de la sociedad ni a las de los clientes de Kutxa, BBK y Vital.