A solo dos días de que se celebre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Egipto, el Tribunal Constitucional adoptó dos decisiones cruciales que asestan un duro golpe al proceso de cambio político en el país, con el poder en manos de los militares, sin Constitución ni Parlamento y con las medidas de un estado de excepción de nuevo en vigor.

El Tribunal declaró ilegales las condiciones en que se eligió el Parlamento y su composición como «ilegítima». Así, invalidó un tercio de los escaños atribuidos a la votación nominal pero, en la práctica, anuló toda la elección y disolvió la Cámara. Un portavoz de la cúpula castrense, el teniente coronel Mohamed Askar, anunció que, como consecuencia, «el poder legislativo vuelve al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas».

Además, el Tribunal invalidó una ley adoptada por el Parlamento que dominan los islamistas, que prohibía a los altos cargos del régimen de Mubarak -presidente de la República, vicepresidente, o primer ministro-, como el candidato a las presidenciales Ahmed Shafiq, presentarse a las elecciones durante diez años.

Shafiq, que fue nombrado primer ministro antes de la caída de Mubarak, participa en las presidenciales, frente al candidato de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi. Sus adversarios ven en él la baza de los militares, y en su eventual victoria, el fin de las esperanzas de democratización.

Al mismo tiempo, las protestas contra la decisión del tribunal fueron inmediatas. El edificio de la corte, al sur de El Cairo, se encontraba ya bajo una fuerte protección militar y cientos de egipcios se habían concentrado para rechazar que Shafiq pudiera presentarse a las elecciones. «Esto significa que la revolución ha terminado», acusaba uno de los manifestantes tras conocer la sentencia. «No queremos fulul (miembros del antiguo régimen)» gritaban.

De la absolución a la disolución

El beneficiado por la decisión, Ahmed Shafiq, no ocultó su satisfacción. «El mensaje de este histórico veredicto es que ha terminado la era de los ajustes de cuentas políticos», proclamó ante sus simpatizantes.

En cambio, la oposición denuncio un golpe de Estado. «Los fallos emitidos por el Constitucional se producen en el marco de un golpe de Estado total que borra los más honorables 16 meses en la historia de esta patria», dijo Mohamed el Beltagui, dirigente del Partido Libertad y Justicia (PLJ), grupo que domina el Parlamento y brazo político de los Hermanos Musulmanes.

El Beltagui señaló que el golpe comenzó con la absolución de seis ex altos cargos del Ministerio del Interior en el juicio por la matanza de manifestantes durante la revolución; le siguieron el decreto emitido ayer que otorga poder a la Policía militar para arrestar a civiles y la disolución del Parlamento elegido y la legitimidad dada a la candidatura de Shafiq. De la misma opinión se mostró el islamista Abdelmoneim Abul Futuh, derrotado en la primera vuelta de los comicios presidenciales. «La permanencia del candidato militar, la disolución del Parlamento elegido y el poder otorgado a la Policía militar para detener a civiles es un golpe de Estado, que engaña a quienes se imaginan que millones de jóvenes lo dejarán pasar», afirmó.

También el premio Nobel de la Paz Mohamed el Baradei aseguró que «la elección de un presidente sin una Constitución y un Parlamento es la elección de un presidente que tiene poderes que no conocen ni los más duros sistemas dictatoriales».