La celebración de la primera consulta popular en la historia municipal de Gasteiz, que tendrá por objeto la elección de un emplazamiento definitivo para la futura estación de autobuses, no está garantizada. Las diferencias advertidas por los tres grupos políticos que conforman la oposición -Bildu, PSE y PNV- pueden condicionar la celebración de un referéndum apoyado por 14 de los 27 ediles que forman la Corporación de la capital alavesa.

La principal diferencia evidenciada entre los citados partidos está vinculada con la fecha para llevar a cabo la consulta. Mientras la coalición soberanista apuesta por celebrar la votación el próximo día 14 de julio, el PSE prefiere posponer la misma hasta el mes de setiembre y los jeltzales piden que la celebración del referéndum coincida con el día de las próximas elecciones autonómicas.

Para tratar de poner fin a estas discrepancias, y para poder aclarar los pormenores anexos a la consulta, el portavoz de Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz, Kike Fernández de Pinedo, solicitó ayer la celebración de un pleno extraordinario. Una nueva sesión que solo podrá ser convocada con el apoyo de siete ediles -Bildu tiene seis-, en la que los presentes debatirían la propuesta técnica diseñada por la coalición.

En la citada propuesta se recogen dos fechas como opciones prioritarias para la consulta, el día 14 o el 21 de julio. Esta opción, anunciada por Fernández de Pinedo en rueda de prensa, fue argumentada por el edil abertzale Antxon Belakortu.

«Hay dos criterios fundamentales para que se haga en julio -comentó-. Uno es que hay que aprovechar ahora que el debate está en la calle para conseguir la mayor participación posible. Y el otro es que, con esta crisis [económica], no podemos dejar en un cajón más tiempo una obra que cuesta treinta millones de euros, con el trabajo que genera, y encima arriesgándonos a perder los quince millones de la financiación externa».

Belakortu indicó que PNV y PSE no van a dar lecciones de participación ciudadana a la coalición soberanista. Tal como recordó, durante la pasada legislatura, esas dos formaciones se posicionaron en contra de la consulta propuesta por los defensores del parque de Arriaga, llegando a aprobar la adjudicación de las obras dos días antes de las elecciones locales.