Un total de diez organismos de profesionales sanitarios anunciaron ayer en Bilbo que se acogerán a la objeción ética si se aplica el Real Decreto-Ley del Gobierno español por el que se excluyen de la atención sanitaria a diversos colectivos. Consideraron que esta medida no está justificada económicamente y que, además, atenta contra el derecho a la salud. «No va a favorecer la calidad del sistema», advirtieron.

Los colectivos que suscriben esta iniciativa, entre los que se encuentran el Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia, Osalde, el Colegio de Enfermería de Bizkaia y la Asociación Vasca de Rehabilitación Psicosocial, manifestaron que con el citado decreto se «quiebra» la solidaridad al tratarse de una medida «racista» que tiene que ver más con cuestiones «ideológicas». Señalaron que, precisamente, los inmigrantes no son los que más recurren a la atención sanitaria.

Con todo ello, solicitaron al consejero de Sanidad del Ejecutivo de Patxi López, Rafael Bengoa, que «aguante el tirón» y que mantenga su intención de no aplicar el decreto en la CAV. En el caso de que finalmente se aplique, anunciaron que seguirán atendiendo a todos los colectivos que queden excluidos.

Señalaron que, según fuentes del propio Departamento de Sanidad de Lakua, si se aplicara este decreto, Osakidetza dejaría de atender a 13.500 jóvenes mayores de 26 años que no han accedido aún a su primer empleo, 800 personas divorciadas, 3.500 con discapacitación menor del 65%, además de 22.000 personas inmigrantes empadronadas pero sin permiso de residencia y otras 17.000 que no están empadronadas.

Los organismos firmantes del texto aseguraron que la «segregación legal» de estos colectivos -en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa podrían llegar a las 60.000 personas- perjudica los «propósitos generales» de salud pública, que es «la base del control de las enfermedades trasmisibles y epidemias».

Incremento de ingresos

Consideran también que la medida hará más «ineficiente» el sistema sanitario porque es «más costoso» el tratamiento y la prevención secundaria y la asistencia en niveles secundarios.

De hecho, sostienen que el decreto «empuja» a los colectivos afectados hacia la utilización de los servicios de urgencia, que son «mucho más costosos» que los de atención primaria, además de fomentar el «incumplimiento terapéutico». «Todo ello generará un incremento de ingresos hospitalarios con un mayor coste a largo plazo», apuntaron.

Por otro lado, recordaron a la autoridades que las ONG «no deben y no pueden suplir» las obligaciones y deberes del Estado, añadiendo que la salud «no es un lujo sino un derecho y, por tanto, no procede la caridad». Pidieron expresamente que se respete la objeción ética, según el código deontológico del conjunto de las profesiones que intervienen en la sanidad.

En la comparecencia también hicieron entrega de un texto consensuado por todas las organizaciones y adelantaron que tienen previsto repartir 10.000 ejemplares del mismo en las consultas y entre los profesionales del sector privado que se lo pidan.