En un mensaje escrito a través de su cuenta de twitter, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, agradeció al Congreso la aprobación del Marco Jurídico para la Paz que, según dijo, «podría permitir el fin del conflicto», al autorizar al Gobierno a entablar conversaciones con grupos armados.

El texto, que consta de cinco artículos, fue aprobado con 65 votos a favor y tres en contra, tras una discusión que culminó el jueves con la retirada del opositor e izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).

El ponente del proyecto, el oficialista Roy Barreras, dijo que esta norma «garantiza justicia y verdad para las víctimas y abre un camino de transición para eventuales desmovilizaciones futuras (de hombres alzados en armas), para que los colombianos violentos puedan reintegrarse social y políticamente».

Explicó que «los miembros de grupos armados ilegales que no sean los máximos responsables de delitos de lesa humanidad podrán tener vocería política independiente de la jerarquía porque, por supuesto, se trata de cambiar las balas por palabras».

Para que la norma entre en vigor debe ser sometida a una sesión de conciliación, prevista para el martes, con la Cámara de Representantes, que ya se ha pronunciado a su favor.

Después, el presidente deberá ratificar el llamado Marco Jurídico para la Paz y así formará parte de la normativa jurídica colombiana durante sus cuatro años de vigencia, según se determinó en el último debate.

Según el texto, para aplicarlo las guerrillas deberán entregar a todas las personas que tengan en su poder y dependerá del Gobierno si se cumplen las condiciones para un proceso de paz.

Entonces el Ejecutivo presentará al Congreso un primer proyecto de Ley y la Cámara Alta dispondrá de cuatro años para expedir las leyes que regulen la desmovilización de los alzados en armas. Una de esas leyes deberá establecer quiénes serán los máximos líderes que se someterán a la Justicia.

Precisa que «no podrán ser considerados conexos al delito político aquellos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidios cometidos de manera sistemática. De este modo -a petición del gubernamental Partido de la U- no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos».