Por un lado, en el documento de Río+20 que está en negociación para la aprobación el día 22 de junio, se considera la economía verde como una herramienta para alcanzar el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. El G77 ha dejado claro que todo eso solo puede hacerse desde el máximo respeto a la soberanía de cada país y además el Estado Plurinacional de Bolivia tiene una posición firme de conjugar una defensa del derecho al desarrollo de manera complementaria a los derechos de la Madre Tierra y en contra de la mercantilización de la naturaleza.

Desde la Cumbre de los Pueblos sin embargo, y concretamente desde su grupo de articulación internacional, se plantea que la economía verde, al contrario de lo que pretende sugerir su nombre, es otra fase del proceso de acumulación capitalista. Nada en la economía verde cuestiona o sustituye la economía basada en el extractivismo y los combustibles fósiles, ni sus patrones de consumo y producción industrial, sino que extiende la economía explotadora de la gente y el ambiente a nuevos ámbitos, alimentando el mito de que es posible un crecimiento económico infinito.

El grupo de articulación internacional denuncia además que el fallido modelo económico, ahora disfrazado de verde, pretende someter todos los ciclos vitales de la naturaleza a las reglas del mercado y al dominio de la tecnología, la privatización y mercantilización de la naturaleza y sus funciones, así como de los conocimientos tradicionales, aumentando los mercados financieros especulativos a través de mercados de carbono, de servicios ambientales, de compensaciones por biodiversidad y el mecanismo REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación evitada y degradación de bosques).

Otra de las criticas que se hacen al concepto de economía verde es que el proceso oficial propone instaurar formas de gobierno ambiental mundial que sirvan como administradores y facilitadores de esa economía verde, dando protagonismo al Banco Mundial y otras instituciones financieras públicas o privadas, internacionales y nacionales, lo cual incentivará un nuevo ciclo de endeudamiento y de ajustes estructurales disfrazados de verde. No puede haber una gobernanza global democrática sin terminar con la actual captura corporativa de las Naciones Unidas.

Finalmente, y quizás como elemento nuclear, se denuncia que algunos países del Norte están planteando un retroceso de los principios de Río 92, como por ejemplo el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas, el principio de precaución, el derecho a la información y la participación; así como amenazando derechos ya consolidados, como los de los pueblos indígenas y poblaciones tradicionales, campesinos y campesinas, el derecho humano al agua, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los migrantes, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la ciudad, derechos de la juventud y de las mujeres, el derecho a la salud sexual y reproductiva, a la educación y derechos culturales.

En la misma línea, y en un mensaje ante Río+20 de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, se denuncia el cínico discurso limpio de las potencias del Norte que intentan hoy inculpar a los países del Sur mientras ocultan su responsabilidad histórica y presente en el atraso de las tecnologías de esos países y en la deformación de sus economías y favorecen las operaciones sucias de las transnacionales en el Sur.

La Red avisa de que las marcas y patentes verdes deben ser denunciadas como un renovado y peligroso mecanismo de reafirmación de la dominación hacia todos los países tecnológicamente dependientes.

Asalto final a los bienes naturales

Por otro lado, en su documento de posicionamiento ante Río+20, la Vía Campesina denuncia que el plan más ambicioso y lo que algunos gobiernos identifican como el mayor desafío es el de ponerle precio a todos los bienes de naturaleza (como el agua, la biodiversidad, el paisaje, la vida silvestre, las semillas, la lluvia, etc.), para luego privatizarlos con la excusa de que conservarlos requiere dinero y cobrar por su uso.

A esto se le llama la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB). La Vía Campesina denuncia que se trata del asalto final a la naturaleza y la vida, pero también a los medios de trabajo y de vida de los pueblos que viven de la agricultura, la caza y la pesca.

Asimismo, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) plantea en su posicionamiento frente a Río+20 y la economía verde que es indispensable y urgente que Río+20 signifique la ruptura con el capitalismo desarrollista depredador y la adopción de un nuevo paradigma civilizatorio sustentado en el diálogo y la armonía con la Madre Tierra.

Los pueblos indígenas andinos proponen el reconocimiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible, la adopción por las Naciones de una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, el reconocimiento de la gestión tradicional de los pueblos indígenas de las cabeceras de cuencas, bosques, glaciares, zonas de alta biodiversidad y una moratoria y regulación real a las actividades mineras en territorios indígenas por ser fuente de enormes impactos.

La CAOI propone también el reconocimiento de los diversos modelos económicos locales y comunales y no de una sola economía verde. Orientar las economías hacia la satisfacción de las necesidades de todas las personas, no hacia el hiperconsumismo, la acumulación individual y el enriquecimiento ilimitado de las corporaciones multinacionales. Frente a la competencia, plantean la reciprocidad y la complementariedad.

Para finalizar esta nota, uno de los peligros principales de esta Cumbre y en el que coinciden la mayoría de posicionamientos es que uno de los resultados de Río+20 será el de debilitar los ya insuficientes Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) e instalar unos llamados Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) que serán utilizados para promover la economía verde en pro de una mercantilización y financiarización de la naturaleza, dando una nueva vuelta de tuerca al modelo neoliberal del capitalismo.