Cumplido un mes desde su salida del Elíseo, Nicolas Sarkozy perdió ayer la inmunidad ligada a su cargo. Como consecuencia, dos asuntos relacionados con la financiación de su campaña electoral en 2007, otro sobre la de Edouard Balladur en 1995 -cuando Sarkozy era ministro de Presupuesto y su portavoz- y la atribución de unos contratos durante su pasada presidencia pueden perseguirle en los próximos meses. El expresidente puede seguir los pasos de su antecesor en el cargo, Jacques Chirac, el primer jefe de Estado convocado por la Justicia y, posteriormente, condenado por un caso de corrupción tras abandonar el Elíseo. Como Chirac, Sarkozy se ha beneficiado de la inmunidad que otorga el puesto de jefe de Estado, lo que ha retrasado algunas de las investigaciones, un estatus que el actual inquilino del Elíseo, François Hollande, se ha comprometido a revisar para que el presidente sea tratado como un ciudadano normal. La investigación más avanzada que concierne a Sarkozy es la relativa a la presunta financiación ilegal de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 por la multimillonaria heredera del grupo de cosméticos L'Oréal, Liliane Bettencourt. Un juez instructor de Burdeos investiga si la segunda fortuna del Estado entregó importantes sumas de dinero a Sarkozy, directamente o a través del entonces tesorero de su campaña, el exministro Éric Woerth. El caso, destapado por casualidad en el contexto de una investigación paralela por una disputa familiar, ha llevado al juez a procesar a Woerth y al exconsejero financiero de Bettencourt Patrice de Maistre, presunto receptor de una suma en metálico de 500.000 euros aparentemente destinada al extesorero de Sarkozy, según la entonces contable de la millonaria.

Sarkozy puede ser convocado por esas sospechas pero también para explicar las visitas que efectuó al domicilio de la anciana en la localidad de Neuilly-sur-Seine, a las afueras de París, de la que el expresidente fue alcalde.

Aquella campaña, en la que Sarkozy derrotó a Ségolène Royal (PS), también puede interesar a la justicia después de las revelaciones sobre presuntas entregas de dinero procedentes del régimen libio de Muamar el Gadafi, que reconoció el propio líder libio. Posteriormente, la prensa ha difundido documentos presuntamente oficiales que demuestran que Gadafi autorizó el pago de 50 millones de euros a la campaña de Sarkozy. Pero hasta ahora, la justicia no ha abierto ninguna investigación oficial sobre el caso.