Allá por enero de 2009, más de 300 policías dirigidos por el juez Baltasar Garzón asaltaban multitud de domicilios y locales para detener e incomunicar a ciudadanos que impulsaban una oferta electoral abertzale y de izquierdas de cara a las elecciones autonómicas. Como dictaba la regla en esos casos, fueron criminalizados y luego encarcelados. El entonces candidato del PSE, Patxi López, justificó aquella operación para evitar una «nueva tapadera de ETA». Garzón admitió que el fin era que la izquierda abertzale no se presentase a las elecciones. Las consecuencias inmediatas de aquella operación son bien conocidas: López fue lehendakari aprovechándose de la oportunidad que se le ofreció en bandeja. La amputación judicializada y masiva de derechos políticos y la eyección de cientos de miles de votantes del juego electoral hicieron el resto.

Tres años y medio después, las personas encausadas en el proceso contra D3M y Askatasuna han sido absueltas. Según la sentencia, solo ejercieron los derechos políticos de los que son titulares, sin comportamiento antijurídico alguno. No habrá reparación alguna para toda la injusticia y el dolor que han sufrido -como ya ocurrió antes con los encausados de «Egunkaria», Udalbiltza y tantos otros sumarios-, pero la noticia es motivo de una gran alegría. Primero, para los encausados, sus familias y allegados. Y en segundo lugar, para un país, Euskal Herria, tan «acostumbrado» a dislates jurídicos fuera de toda lógica, motivados por un afán de venganza, por el cálculo político y el rédito electoral, y tan necesitado de buenas noticias que allanen el camino hacia un escenario de plena normalización.

Es deseable que a la sentencia de ayer le siga otra en los mismos términos respecto a Sortu. Y así sucesivamente hasta desterrar toda excepcionalidad jurídica de la política. Solucionar este asunto es imprescindible, porque afecta a principios básicos, a los fundamentos de la libertad y al desarrollo futuro de la sociedad vasca. Pero en el tránsito de la situación presente a ese futuro deseado sería imprudente y estéril confiarlo todo a la voluntad de Madrid.