El Ayuntamiento de Donostia responde a las 621 propuestas de los barrios
La participación ciudadana va dando nuevos pasos en la capital guipuzcoana, y así lo refleja un dossier en el que el Gobierno municipal da respuesta, algunas favorables y otras contrarias, a 621 propuestas presentadas por los vecinas y vecinos de sus barrios.
Imanol INTZIARTE |
El Ayuntamiento de Donostia presentó ayer el extenso dossier en el que da respuesta a las 621 prepuestas presentadas por la ciudadanía en las 32 reuniones celebradas el pasado otoño en los diferentes barrios. Tras cinco meses de análisis, se compromete a llevar a cabo durante esta legislatura 267 de esas propuestas, y ha rechazado 198.
Las 156 restantes están condicionadas por la situación económica, el respaldo de la mayoría del pleno o las decisiones que adopten otras instituciones.
El alcalde Juan Karlos Izagirre, quien compareció acompañado del concejal de Participación Axier Jaka y de la directora del departamento de Barrios Amaia Agirreolea, subrayó que este es el principio de un proceso «que no tiene vuelta atrás».
Muchas de las propuestas se repiten. Así, la necesidad de impulsar la participación ha sido un tema que se ha planteado en los dieciséis barrios. La necesidad de fortalecer e impulsar el conocimiento y el uso del euskara se ha planteado en doce barrios.
Mejorar el transporte público (11 barrios), aumentar la presencia de guardias municipales (11), mejorar la limpieza del espacio público (10), proteger al pequeño comercio (9), potenciar los servicios sociales (8), facilitar la accesibilidad vertical (7), descentralizar la programación cultural (7), impulsar iniciativas para reducir el ruido ambiental (6) o revisar la red de alumbrado público (6) son otras de las necesidades más demandados.
Un somero repaso al informe permite advertir que el Ayuntamiento, al ser la institución más cercana a la ciudadanía, se convierte en muchas ocasiones en el buzón de reclamaciones y correa de transmisión sobre temas que son competencia de otras administraciones, bien sea la Diputación, el Gobierno autonómico o el estatal.
El documento también permite comprobar el coste económico de muchas propuestas que se quedarán en el tintero por falta de fondos. Por ejemplo, la instalación de un baño público autolavable ronda los 60.000 euros, mientras que el cubrimiento de una plaza o una instalación deportiva para su uso en los días de lluvia se dispara hasta los 350.000 euros.
