A. PRADILLA

«Si cierran la mina esta zona se muere». Juan Carlos Berrouet, minero jubilado a sus 46 años, mantiene la posición en la principal barricada que cierra el paso en la entrada del pozo Santiago de Aller, en Caborana (Asturies). Sus palabras expresan el gran temor que se ha extendido en toda la zona: la decisión del Gobierno español de suprimir el 64% de las ayudas públicas a la minería pone en cuestión su propia supervivencia económica. En su vigesimosegunda jornada de huelga indefinida, los trabajadores del carbón recibieron el apoyo de sus vecinos, que secundaron masivamente el paro general que colapsó la cuenca minera. Por la mañana, cortes de carretera y barricadas. Por la tarde, una multitudinaria manifestación que desbordó las calles de Langreo. Todo ello, 24 horas antes de que el Senado español apruebe el Presupuesto General del Estado, que incluye un tijeretazo de más de 100 millones.

Para las 7 de la mañana, los piquetes ya se habían apostado en las entradas de industrias como las que rodean el municipio de Mieres y varias carreteras amanecían cortadas con barricadas de troncos. En realidad, la presencia de sindicalistas dedicados a informar a los trabajadores sobre las razones del paro era prácticamente testimonial. No era necesaria. La reivindicación viene en el ADN de este territorio y la minería es su principal recurso económico. Así que no podía encontrarse ni una tienda abierta. Solo los servicios mínimos pactados en determinadas áreas rompieron con la dinámica de unas localidades paralizadas. Esto, y el fuerte despliegue de la Guardia Civil, que aumentó el número de agentes ante los enfrentamientos registrados en las últimas jornadas, evidenció la magnitud de la protesta.

Piquetes madrugadores

La autovía y los accesos a las minas centraban toda la atención. En Caborana, unos 200 trabajadores cerraban la entrada desde primera hora. Tras las capuchas y las máscaras, rostros de preocupación. Son ya 22 las jornadas de huelga indefinida y el Gobierno español no da muestras de querer sentarse a la mesa. «Quieren acabar con todo. Aquí, no hay una sola familia que no esté afectada». Antonio (nombre ficticio, los arresto y la amenaza de endurecer la ley contra quien participe en las protestas favorece el anonimato), se cubre tras un pasamontañas. Lleva en la mina la mitad de sus 41 años y tiene un importante bagaje de movilizaciones a sus espaldas. «Ya estuve en el encierro del 92. También en las marchas del 98, cuando un coche mató a un compañero que colocaba una barricada. ¿Quieren que termine matándose alguien antes de empezar a negociar?», protesta.

Frente a él, dos grandes barricadas construidas mediante la colocación de varias vagonetas, troncos y neumáticos cierran el paso. Los trabajadores han dejado un pequeño espacio en la mediana para emergencias. Pero hay que tener una buena excusa para poder cruzar. Conforme avanzan las horas, crece la tensión. Hasta ahora, todos los cortes han terminado con la irrupción de la Guardia Civil y la Policía española lanzando botes de humo y pelotas de goma. Así que los trabajadores les esperan tras las barreras improvisadas con los tirachinas a punto. En las lomas del valle, ocultos en precarios puestos de vigilancia, algunos compañeros aguardan con las «voladoras», los lanzacohetes caseros con los que frenan el avance de los agentes.

«Hoy el pájaro no viene», comenta extrañado uno de los mineros que se parapeta tras una mesa de plástico. El «pájaro» al que se refiere es el helicóptero de la Guardia Civil, que en estas protestas es sinónimo de invasión inminente de agentes. La niebla, que cubre por completo las zonas superiores de los montes que rodean el pequeño municipio asturiano, augura que esta vez no lo tendrán fácil. Pasadas las 11.00 de la mañana se da la voz de alarma. Las patrullas han sido avistadas a escasos kilómetros. Así que los mineros se preparan. Pero no ocurre nada.

No hay familia no afectada

Pasadas las 13.30 horas, empieza a confirmarse que la Delegación del Gobierno español en Asturias ha optado por no calentar más unos ánimos ya suficientemente caldeados. Los mineros se sienten engañados, ya que los recortes del Ejecutivo del PP rompen unilateralmente con lo pactado en el Plan General del Carbón avalado por el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y la movilización es la única herramienta ante una situación incierta. Lo resume, nuevamente, Berta Quintero, una mujer que supera ya el medio siglo y que sigue de cerca las movilizaciones desde la ventana de su casa, ubicada a pie de calle. «¿Qué vamos a hacer si no hay minería? Solo queremos que se respete lo pactado», señala. Su marido trabajó en ese pozo que la mujer divisa desde su propia vivienda. Al hijo no le dieron un puesto, a pesar de que echó decenas de solicitudes. Pero en ella también se cumple la máxima de que no hay familia en esta cuenca que no dependa de un salario del carbón.

La barricada ardiendo

En este pequeño municipio que apenas llega al millar de habitantes, la adhesión hacia los trabajadores de la mina es total. Y esta se extiende también a las empresas de la zona. En la barricada externa, dos jóvenes que, entre risas se identifican como «tuercas» y «chispas», relatan cómo las progresivas reconversiones han empujado a muchos de sus compañeros de generación a hacer las maletas y abandonar la localidad. También han llegado grupos solidarios desde Gijón u Oviedo, donde la huelga no está convocada.

«¡Recogemos!» Son las 13.30 horas y no hay rastro de la Guardia Civil. Así que los trabajadores optan por replegarse. Antes, como manda el ritual, prenden fuego a las dos principales barricadas. «Entiendo lo que hacen, en este caso, están en su derecho». Lo dice un hombre que se identifica como guardia civil de paisano. Asegura que está como curioso, aunque lo cierto es que tampoco nadie se le acerca demasiado. En el pozo, a 200 metros de la entrada al municipio, tres empleados de la mina Santiago siguen encerrados como medio de protesta. Ayer cumplían 21 jornadas sin ver la luz del día.

«Marcha negra a Madrid»

Por la tarde, el centro de atención se desplazó a Langreo, donde miles de personas (50.000 según los sindicatos convocantes) colapsaron el municipio asturiano. Ahora falta que el Gobierno español emita su acuse de recibo. Hoy, el Senado debate el tijeretazo y la mayoría absoluta del PP no deja lugar a la sorpresa. Ante esta situación, las centrales ya avisan que seguirán en la calle. La huelga general en la minería se mantiene y UGT y CCOO se reunirán hoy mismo para convocar una nueva «marcha negra» a Madrid.