Veinte años después de la histórica Cumbre de la Tierra de Rio 92, comienza hoy en Río de Janeiro, Brasil, la cumbre Rio+20, con el objetivo de «obtener un compromiso político renovado en favor del desarrollo sostenible, evaluando los avances logrados hasta el momento y las lagunas que aún persisten en la aplicación de los resultados de las principales cumbres en materia de desarrollo sostenible y haciendo frente a las nuevas dificultades que están surgiendo».

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, convocada de manera oficial por la Asamblea General el 31 de marzo de 2010, se va a centrar en dos temas ya negociados en el proceso preparatorio, la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y el marco institucional del que se van a dotar los países para el desarrollo sostenible.

Economía verde

La polémica economía verde se ha convertido en el tema más controvertido de esta cumbre por la pretensión de los países desarrollados de instaurar un solo modelo de desarrollo sostenible basado en la mercantilización y privatización de los recursos naturales. La propuesta inicial de economía verde nace del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que planteó la hipótesis de que para alcanzar el desarrollo sostenible es fundamental la localización de las inversiones en diez sectores: agricultura, edificios, energía, pesca, foresta, industria, turismo, transporte, basura y agua. Cinco de ellos están relacionados con acciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el resto corresponden a lo que llaman capital natural.

El PNUMA propuso concentrar más del 86% del total de las inversiones previstas en los cinco sectores de mitigación climática, quedando cerca del 14% para la inversión en los sectores que componen el capital natural. Partía de la presunción equivocada de que para superar la pobreza y la inequidad social, se debía invertir en mitigación climática. La dimensión social quedaba así relegada por una lectura climática de la crisis y del desarrollo; además de «climatizar» la ayuda oficial al desarrollo enfocándola a la mitigación y limitando la profundización de los tres pilares del desarrollo sostenible: ambiental (algo más amplio que mitigación climática), social y económico.

Sin embargo, los países en desarrollo (G77+China), con una especial incidencia por parte del ALBA en el interior del G77, se han opuesto a la implementación de un modelo único de desarrollo para todo el mundo bajo el nombre de economía verde. Como formaba parte de la agenda y no podía evitarse su debate, los esfuerzos de los países del Sur han estado centrados en diluir los alcances de la economía verde y en poner salvaguardas y barreras para impedir su aplicación concreta, rebajando su impacto y evitando quedar prisioneros de la economía verde.

Hasta ahora, en el último borrador del documento, presentado ayer por Brasil tras ser consensuado, aunque con reservas, por los 193 países que van a estar presentes en la Conferencia, se han logrado varias pequeñas victorias en lo referente al desarrollo de la economía verde. En primer lugar, ha pasado de ser un único modelo de desarrollo para el mundo a convertirse en una simple herramienta más previo reconocimiento de la existencia de diferentes enfoques, modelos y visiones de desarrollo. Se impide así que se promueva un proceso mundial de transición hacia la economía verde y se reconoce que cada país pueda elegir un enfoque apropiado de acuerdo a sus planes, estrategias y prioridades de desarrollo sostenible.

Se ha pasado, por tanto, de un alineamiento institucional mundial hacia la promoción de la economía verde en todos los países del mundo a que el esfuerzo esté orientado a la implementación del desarrollo sostenible, incluyendo entre otros la economía verde. Además, se introducen una serie de protecciones como que la economía verde debe ser inclusiva, estar orientada a patrones de producción y consumo sustentables, respetar la soberanía de los países sobre los recursos naturales, promover el desarrollo institucional de los países y asegurando el bienestar de los pueblos indígenas y comunidades sin poner en peligro su identidad y prácticas, preservar y respetar enfoques de no mercado.

Aunque cada día de negociación va modificando el documento y la discusión de los matices continuará durante los tres días de discursos en el plenario por parte de los más de cien presidentes y primeros ministros que han confirmado su presencia, se puede constatar que algunos problemas que persisten.

En general, el texto es excesivamente débil en lo que se refiere a las metas de implementación, el compromiso de los países en desarrollo es muy bajo en este aspecto y, por el contrario, el borrador apunta al desmantelamiento de la cooperación internacional tal cual fue establecida en la Agenda 21 aprobada en Rio92, para instaurar en su lugar un régimen privatizado de ayuda internacional. Los países desarrollados están buscando deshacerse de los grades compromisos en materia de cooperación para repartir esta responsabilidad a la cooperación sur-sur. Asimismo, buscan sustituir el concepto de cooperación internacional por el de inversión privada. Uno de los grandes puntos negros del documento es el gran y descompesado rol que se le ha dado al sector privado.

El texto tiende también a la «climatización» de la agenda de desarrollo. Precisamente uno de los grandes desequilibrios que se ha tratado de enmendar ha sido el excesivo enfoque de lo ambiental en el combate a la pobreza. En cuanto a transferencia tecnológica, uno de los acuerdos de Rio92 por el que los países desarrollados debían ir transfiriendo tecnología con el objetivo de que los países en desarrollo pudieran ir dejando atrás su dependencia de los combustibles fósiles, el documento carece de compromiso y hasta podría decirse que retrocede en los compromisos establecidos hace 20 años. Los países desarrollados se niegan sistemáticamente a hablar de transferencia tecnológica, prefieren hablar de «diseminación», que significa acceso a través del mercado, y no aceptan planteamiento alguno en materia de derechos de propiedad intelectual.

Otro de los principios de Rio92 era el de las responsabilidades compartidas, pero diferenciadas, entre los países del Norte y el Sur, lo que supone que si bien todos los países debían asumir un compromiso de manera conjunta para hacer frente a la crisis medioambiental, los países desarrollados lo eran gracias a las revoluciones industriales y la explotación de los recursos naturales (del Sur, principalmente) y, por lo tanto, debían asumir mayores compromisos. EEUU se ha empeñado en estas negociaciones en diluir el principio de responsabilidad compartida pero diferenciada, sin embargo el G77+China ha logrado mantener una de las grandes conquistas de Rio92.

Derecho de la Madre Tierra

Las discusiones y negociaciones que se han dado en torno al borrador de documento de Rio+20 dejan claro que el colonialismo no es un asunto del pasado. Las necesidades de someter a pueblos, personas y a la propia naturaleza para obtener una plusvalía de ellas, sigue más que presente en los ámbitos de negociación multilaterales, empezando por las propias Naciones Unidas.

El modelo neoliberal, en cuanto que nueva fase del capitalismo, provoca la retirada de manos del Estado de todos los sectores estratégicos, dejándole precisamente la tarea de crear mercados en espacios donde hasta ahora no existían, como el de los bienes comunes, y entre ellos todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. Para crear mercados se impone una financialización de la naturaleza, una mercantilización de la Madre Tierra que en Rio+20 los países desarrollados están tratando de imponer a los países en vías de desarrollo.

Es por eso que en Rio+20 se esta tratando de dar forma al nuevo colonialismo ambiental de la economía verde. El Norte que creció y se industrializó a costa del saqueo del Sur pretende dejar a este sin derecho al desarrollo, además de pisotear los derechos de la Madre Tierra. En ese sentido, las posturas que están defendiendo Bolivia y por extensión el ALBA y el propio G77 son cruciales para la defensa de la humanidad y del planeta en su conjunto. La defensa del derecho al desarrollo de manera complementaria a la defensa de los derechos de la Madre Tierra es clave en la construcción de un nuevo paradigma de civilización. Frente a análisis que solo legitiman las posiciones y la agenda disfrazada de ambientalismo de la Unión Europea, encontramos la postura de los países del Sur contra el colonialismo de la economía verde, que es un nuevo reciclaje del capitalismo para una época de crisis estructural.

El Norte trata de aprovechar la agenda ambiental para que el Sur no utilice sus combustibles fósiles y no crezca y le dispute la hegemonía mundial como ya comienzan a hacer los BRIC, mientras tampoco transfiere una tecnología que permita ir buscando una transición hacia otro tipo de economías postextractivistas. No solo se trata de justicia histórica, sino de que el Sur desposeído debe crecer económicamente para poder sacar de la pobreza a millones y millones de personas empobrecidas que ven vulnerados sus derechos sociales cada día. Cómo lograr conjugar de manera complementaria ese derecho al desarrollo que ya tuvieron los países industrializados, con los derechos de la Madre Tierra, es el reto al que se enfrenta ese Sur que sigue dando lecciones como ya las dio en la anterior Cumbre de 1992.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible se va a celebrar entre el 20 y el 22 de junio con discursos de todas las delegaciones existentes, pero se estima que la negociación de algunos aspectos de cara al texto final por parte de las distintas delegaciones, lideradas en algunos temas por los propios presidentes, primeros ministros o ministros de Relaciones Exteriores, continuará hasta el mismo día 22. En cualquier caso, el último borrador del acuerdo de Rio+20 aprobado en plenario el 19 de junio, es mucho más cercano a las posiciones defendidas por el ALBA y el G77 que a las de Estados Unidos y la Unión Europea.