La situación económica de Alonsotegi es muy delicada, tal y como avanzó el jueves GARA, por una falta de control económico y gestión absoluta en la sociedad pública constituida para la gestión urbanística de las Normas Subsidiarias (NNSS). Bildu ratificó ayer esos datos y añadió que, a la vista de la investigación que realizan, no sin dificultades, considera que hay «claros indicios» de delitos económicos y urbanísticos.

Para sustentar esa afirmación, la concejala Estitxu Arregi comentó que el propio alcalde, el jeltzale Juan Luis Erezuma, cuantifica la deuda en más de siete millones de euros, para una institución que maneja un presupuesto anual de 3,5 millones, lo que supone una deuda de 2.500 euros por vecino. La concejala acusó de esa situación a los distintos gobiernos municipales de los jeltzales Gabino Martínez de Arenaza, Aitor Santisteban y Juan Luis Erezuma. «El PNV ha llevado a la ruina al municipio», manifestó.

Arregi situó el origen en la gestión «irregular» de Alonsotegi Eraikiz SAU, que fue disuelta a las puertas de las elecciones del 22M «en un proceso lleno de irregularidades». «Durante los años 2010 y 2011 se dispara el gasto sin ningún tipo de control, acumulándose más de dos millones de euros de déficit en facturas de gasto corriente», añadió, antes de incidir en los informes negativos emitidos por la interventora y el economista del Consistorio a muchas de esas operaciones.

Desde 2006, según la coalición, las irregularidades se repiten y agravan. Además, no hay un inventario de bienes y derechos municipales actualizado, lo que impide el control y la gestión. Arregi señaló que, en 2010, la deuda viva excedía del 110% de los ingresos corrientes liquidados o devengados, por lo que no se cumplen los objetivos de estabilidad.

Ante esa situación, se aprobó un plan económico en el que no se fijan mecanismos de control y que, según Bildu, es incumplido por el actual equipo de Erezuma «de forma reiterada». En octubre de 2011, la nueva Corporación encarga a la empresa Betean SL -que la coalición vincula con intereses jeltzales- un plan de saneamiento que «a día de hoy se sigue sin conocer».

«Total impunidad»

«Desde 2003 ha existido una total impunidad en este Ayuntamiento para realizar esta nefasta gestión. La ilegalización y el apartheid político han tenido estas consecuencias: la falta de control político, la malversación de fondos públicos y la falta de transparencia en todos los ámbitos», aseveró Estitxu Arregi.

Ante ese panorama, pidieron al PNV que cumpla el mandato del Pleno de diciembre de 2011, en el que se acordó realizar una auditoría externa que concrete la deuda contraída por el Consistorio y su origen. Más tarde, se elaboraría un plan de saneamiento y viabilidad económica basado en objetivos y reales.

Mientras, Bildu no está de brazos cruzados y continúa investigando para poder depurar responsabilidades, inclinándose por facilitar esa documentación a la Fiscalía para que la analice. Otra institución que estiman se tendría que involucrar es el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Consideran que tiene los medios para efectuar un «profundo» análisis de la legalidad y de las cuentas municipales.

A Bildu le preocupa la actitud del PNV, que está permitiendo al actual equipo de gobierno «con el beneplácito de la Diputación y del BBB, están tratando de hacer borrón y cuenta nueva, puesto que se siguen negando a la realización de la auditoría y no quieren ni hablar de las responsabilidades de una gestión nefasta».