Juanjo Basterra | Periodista
Las injusticias sociales las provoca quien tiene el poder
Algunos dirigentes del Gobierno de Gasteiz se están pasando de la raya al establecer una cruzada contra el fraude en las ayudas sociales involucrando a todos los que las reciben. Si existe, como nos dicen, que actúen; pero no está bien que se convierta a los pobres y a los excluidos sociales en supuestos delincuentes de guante blanco, entre otras cosas, porque el dinero que pueden manejar es mínimo. Los gastos en protección social no sobrepasan los 350 millones. En cambio, sí que podrían ser más diligentes a la hora de tramitar los expedientes de las prestaciones sociales. Su tardanza extrema en algunos casos, seguro que provoca la consabida picaresca por el estado de necesidad de muchas familias.
Que hay que terminar con ese fraude, si es cierto que se produce, correcto; pero no involucren a todos los pobres y desheredados de la tierra porque tienen a otros que defraudan muchísimo más delante de sus narices y nos dicen que no tienen competencias, pero añado que lo que no tienen son ni ganas ni dos bien puestos para sacarles los colores. La razón es muy simple: son poderosos y a esos no se les toca.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, reconoce que al año entre 1.200 y 1.300 millones en tributos se evaporan, no se pagan a Hacienda. Es fraude fiscal. Aunque creo que ese cálculo es muy bajo, es una cantidad enorme. El también así lo piensa. Estamos en crisis y, sin embargo, se mira a otro lado o se nos engaña haciendo públicas algunas actuaciones menores.
Las injusticias sociales las está provocando quien tiene el poder, sea público o privado. La Diputación de Bizkaia, que recorta las prestaciones sociales a los más necesitados por la pobreza y la exclusión, es capaz de entregar otros 6 millones para la ejecución de San Mames Barria, además de 16,8 millones en la cesión de terrenos. Impresentable.
O, por otro lado, tenemos a unas trabajadoras de Güenes, de la subcontrata Konecta BTO, que sufren despidos y traslados arbitrarios de Enkarterriak. Atienden el servicio telefónico de Iberdrola y buscan que la multinacional pare esa sangría, pero su presidente, José Ignacio Sánchez Galán, que dice que pasea Bilbao por medio mundo, pasa. Se contenta con su sueldo de 9,6 millones, a los demás que les den.