El Gobierno de Uruguay prevé comenzar a plantar marihuana en setiembre tras la aprobación de la ley que regulará la producción y venta de cannabis, según informaron fuentes oficiales. La cosecha de marihuana se realiza seis meses después de plantada, por lo que estaría lista para comienzos del año próximo.

«Regulando de la forma que estamos proponiendo el mercado de la marihuana, vamos a lograr horadar el desarrollo a futuro del mercado de otras drogas», indicó el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada,.

El Gobierno del izquierdista José Mujica anunció el miércoles que legalizará la comercialización de marihuana dentro de un plan de 15 medidas para combatir la mayor criminalidad registrada en los últimos meses, pese a que Uruguay es uno de los países más seguros del continente.

La normativa deberá ser aprobada por el Congreso, donde el gobernante Frente Amplio tiene mayoría en ambas cámaras.

El Estado negó estar montando una red para comercializar la droga y dijo que canalizará la distribución mediante comercios privados controlados. «La idea central del Poder Ejecutivo es que el Estado tenga una fuerte presencia en la regulación de la producción. Inicialmente nos inclinamos por una regulación y producción en el ámbito propio del Estado», dijo el funcionario. Uruguay prevé imponer un consumo máximo de 30 gramos mensuales por persona, a través de un registro que buscará evitar el «narcoturismo» y el mercado negro.

Solo para urugayos

«La idea es que solo se le venda a nacionales, algo por lo que Holanda ha desandado parte de su camino después de muchos años de dificultades con países de su región», expresó Calzada. En Uruguay existen unos 75.000 personas que consumen marihuana al menos una vez al mes y el Gobierno estima que deberá producir 27.000 kilos cada año, en un espacio de unas cien hectáreas que aún no se ha dado a conocer.

Calzada agregó que la regulación permitirá controlar la calidad de la droga consumida, algo que no es posible realizar actualmente. Dijo, además, que la producción podrá servir para elaborar medicinas oncológicas.

El Gobierno insistió en que su idea no es obtener ganancias, aunque prevé gravar la venta y destinar los impuestos a la rehabilitación de adictos.

La propuesta fue rechazada por la oposición y bien recibida por activistas a favor de la legalización del cannabis, aunque éstos consideraron que no es el más adecuado presentarla en el marco de un paquete general de seguridad.