La mentira supera límites insospechados. Preside, sin excepciones, los comportamientos del poder político y del económico. Y cuando la mentira orienta los comportamientos, especialmente de la política con el objetivo de engañar al pueblo, la democracia no existe. Mentiras, claro está, para defender unos intereses.

Mentía Aznar cuando decía «España va bien». En ese tiempo, su gobierno fabricaba la burbuja de la especulación inmobiliaria para que bancos y grandes empresas (sus amigos) lograran beneficios escandalosos. Mentía Zapatero cuando en 2008 decía «estamos en la Champion League de la economía mundial». Mientras, su gobierno ocultaba la realidad en la que se encontraban las cajas y bancos realizando unos tests de estrés a la banca que fueron una completa farsa. Ponían en marcha reformas en el mundo financiero que no servían para nada, hacían llegar a la banca ingentes cantidades de dinero público y pasaban a imponer reformas y recortes. Todo -se decía- para que el crédito fluyera. También era falso.

En Euskal Herria era mentira que bajar los impuestos a los ricos -es lo que han hecho las haciendas vascas- haya favorecido a la economía real. Al contrario, descapitalizaron las cuentas públicas, permitieron que las rentas altas y de capital especulen y evadan capitales a paraísos fiscales y abrieron el camino para justificar recortes sociales. La caída de la recaudación también tiene que ver con el fraude fiscal y con las reformas que hicieron. ¿Cuantos miles de millones de euros de esos regalos fiscales han ido a parar a los paraísos fiscales? ¿Por qué no han hecho nada para evitarlo?

El presidente Rajoy se iba al fútbol porque «todo estaba solucionado». Mentira. 100.000 millones a un agujero sin fondo. No habrá crédito, los intereses de la deuda pública se disparan y el descontrol de la situación -ya no saben qué decir- se concreta exclusivamente en nuevos recortes. Igual que en Grecia. Nos llevan a una sociedad empobrecida, muy empobrecida y ellos lo saben, por eso mienten. Rajoy miente para ocultar cómo, cuándo y quienes vamos a pagar el dinero que va a parar a la banca. Un dinero que la banca utiliza para especular con la deuda pública porque se le deja que lo haga. Es un saqueo.

Podríamos contar muchas más mentiras pero no es necesario.

Por todo ello, ELA y la CiG (sindicato gallego) hemos presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo. Nuestro objetivo: que se juzgue la complicidad político-económica que ha organizado todo esto. Sin analizar y depurar esa complicidad no se puede entender nada, porque nada de lo que ha sucedido hubiera sido posible sin ella. Al poder económico -al que manda- tener cautivas a las élites de determinados partidos le sale muy rentable. Da igual quién gobierne, la banca y la gran empresa siempre tiene bula: ningún control, ninguna supervisión, sin freno a la codicia, ningún responsable público que levante la voz contra sus prácticas especulativas, informes técnicos que llamaban la atención sobre lo que sucedía y que eran silenciados... Informes -como el denominado Greco- que explicaban esa sumisión en base a la condonación (perdón) de los créditos que la banca concedía a los partidos. Nada de eso era importante y, sin embargo, todo eso era crucial. La falta de supervisión, de control y el dejar hacer eran parte esencial de esa complicidad.

Es posible que todo esto suceda sin depurar responsabilidades penales? Ellos quieren que sea así. Nosotros no. ¿Es posible que la política se regenere si esas mismas prácticas continúan? No, no es posible.

Por si todo eso fuera poco, ahora esa clase política reclama unidad entre los partidos para imponer que los paganos sigamos siendo nosotros y nuestros precarios derechos. Lo que viene va a ser muy duro y quieren una especie de blindaje corporativo. Dicen que «por responsabilidad». Piden unos nuevos «Pactos de la Moncloa». Ese llamamiento tiene un objetivo: volver a poner a la política en fila de a uno en la defensa de los intereses del capital.

Mientras, la patronal -la vasca hace de ariete- obtiene apoyo político para el ataque a los salarios. Es importante saber qué patronal tenemos. Desde ese privilegio de quien se sabe que la ley se hace a su medida, no se conforma con nada. Lee bien la coyuntura: cree que puede chantajear y lo hace. Usa el desempleo para chantajearnos. Y por si eso fuera poco, incorporan peticiones a las administraciones propias de posiciones fundamentalistas: que vendan patrimonio público, que privaticen servicios, que se reduzcan prestaciones sociales, que les bajen las cotizaciones sociales y, por supuesto, que les bajen los impuestos. ¿Más? ¡Pero si no pagan! Piden también que se reduzcan los gastos corrientes; todos, menos los que tienen que ver con su financiación. Sí, tenemos una patronal subsidiada con dinero público que, un día sí y otro también, se dedica a atacar lo público. Si de ellos dependiera, vivirían en unas eternas y selectivas vacaciones fiscales. Esas vacaciones que supusieron 700 millones menos de recaudación y 40 de multa por incumplir una sentencia europea. La patronal se dedica a colocar, a través de los partidos, a su gente en la política para que le sirva. Basta observar quién fue diputado de Hacienda y ahora es dirigente de Cebek y Confebask, o cómo quien fuera secretario general del SEA hoy es diputado de Hacienda. ¿Está claro?

Estén donde estén defienden los intereses de la patronal y dicen -qué hipocresía- que ellos «no hacen política». ¡Qué sumisa, qué arrodillada, ve a la política la patronal para atreverse a tanto! Nadie, desgraciadamente, desde la política y con un mínimo de credibilidad es capaz de enfrentarse a ella; de decirle basta.

ELA afirma que plantear «por responsabilidad» unos pactos de estado es una posición contraria a los intereses de la clase trabajadora; contraria a cualquier elemento de equilibrio social. Sufrimos una política unilateral en la que desgraciadamente la mayor parte de los partidos priorizan la lucha electoral relativizando por completo lo social. Es muy llamativo que cuando más importante es lo social menos espacio real ocupe, en la práctica, en la acción política e institucional de los partidos políticos. Hoy lo social debería representar, en la política vasca, un referente de desobediencia; una posición que encontraría un gran respaldo social para un plante soberano ante el Estado, para una política realmente distinta.

Dicho de otra manera, los márgenes institucionales para una política de izquierdas son cada día más estrechos (el Estado define que todo es básico) y la calle, la demanda social, reclama soluciones que palien nuestro empobrecimiento.

Este diagnóstico, hoy por hoy, nos parece una obviedad. En nuestra opinión, no existe otro camino para la defensa de los intereses de clase que la movilización social, el reforzamiento de las organizaciones de contrapoder, la consolidación de alianzas sindicales y sociales con capacidad de propuesta alternativa y la interpelación no subordinada a la política.