Mientras en Occitania una operación de la Policía francesa y de la Guardia Civil volvía a evidenciar el rechazo de los estados español y francés a encarar el conflicto en términos resolutivos, y en Madrid un PP enrabietado por la legalización de Sortu insistía en su acoso a Bildu y Amaiur, Iñigo Urkullu y Mariano Rajoy se reunían por primera vez en cinco meses. El contexto era idóneo para que el líder del PNV emplazara al presidente español a encarar el nuevo tiempo abierto en Euskal Herria tal como reclama la sociedad vasca, más allá de la receta represiva en la que parece encastillado su Gabinete. En su comparecencia posterior, sin embargo, Urkullu priorizó el ámbito económico y, respecto al proceso de soluciones, prácticamente se limitó a decir que había ofrecido a su interlocutor discreción y lealtad.

Quien pronto será designado candidato jeltzale a lehendakari explicó que había invitado al mandatario español a que siguiera «dando pedales», asumiendo que, aunque sea con lentitud, el Ejecutivo del PP está avanzando en la dirección correcta. Sin embargo, amenazas como la que ayer profirió Alfonso Alonso, al afirmar que «el contador para una posible ilegalización de Bildu y Amaiur ha empezado a avanzar», van en dirección contraria a lo que demanda la mayoría social de este país y nos devuelve a un tiempo que creíamos superado tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

Ciertamente, no puede decirse que el PP esté quieto, pero el rumbo que mantiene desde que se hizo con el poder invita más a la alarma que al optimismo. Del mismo modo, igual que al presidente del PNV no se le puede reprochar que haga de la discreción norma ante determinados temas, resulta llamativa su tendencia a ofrecer lealtad a los mandatarios españoles cuando se trata de hablar de Euskal Herria. Ahora que este pueblo afronta una etapa decisiva para su futuro, es hora de que los jeltzales definan bien sus lealtades.