Tal vez no fuera su intención pero cuando Ruiz-Gallardón, al hablar de Sortu, declaró que «el día de la impunidad no ha llegado», cerca estuvo de generar una absoluta alarma social.

Ya me parecía estar viendo a los evasores que ocultan sus fortunas en paraísos fiscales y a quienes se había asegurado la amnistía organizar caminatas a Madrid, levantar barricadas y enfrentar los nuevos recortes a la impunidad que afirmara el ministro de Justicia. Como desacatarían el anuncio todos los implicados en los cientos de asesinatos a cargo del Estado, con independencia de qué siglas encubrieran el crimen y qué letra del abecedario su nombre. Ellos, de los que solo algunos pasaron por los tribunales de justicia para que aún fueran menos los condenados a tránsito en la cárcel, no iban a tolerar más atropellos y, en cualquier momento, se declararían en huelga de hambre o se exiliarían a Laponia.

Pero el ministro, en lugar de enmendarla, volvía por sus yerros recalcando: «Que nadie cometa el error de pensar que la Justicia va a dejar de funcionar».

Y ya imaginaba a los administradores de los bancos volcar contenedores y quemar cajeros, y a todos los mangantes en gobernaciones y ayuntamientos que creían a salvo sus recompensadas biografías manifestarse, ocupar edificios y enfrentar a las fuerzas del orden.

Suerte que el ministro, que tampoco olvida su pasado, a punto de incorporarse a la nómina de los indignados, recuperó su lucidez habitual y resolvió el embrollo: «Que nadie desconfíe de la democracia española».

Nadie desconfía. Su hedor es inconfundible.