El ministro español de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, justificó ayer la decisión del Ministerio de Interior de retirar los escoltas a jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Constitucional y CGPJ, señalando que «obedece a un criterio profesional y como tal tenemos que juzgarla».

«Antes de adoptar cualquier decisión, se ha hecho un estudio pormenorizado, concreto e individualizado», añadió Ruiz-Gallardón.

La Audiencia Nacional, en cambio, envió ayer una carta al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y a los ministros de Justicia e Interior para mostrar su preocupación por esta medida. La misiva subraya «la especificidad» del tribunal especial.

No obstante, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska renunció al servicio de escolta y al coche policial que tiene asignado mediante otra carta que envió al ministro Jorge Fernández Díaz. Grande-Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal, era uno de los pocos jueces del tribunal especial al que se le seguía manteniendo la protección policial.

Por otra parte, el Gobierno de Lakua aprobó ayer prorrogar el contrato que financia los servicios de escolta de «las personas pertenecientes a colectivos amenazados». Así, se ha aprobado una partida de diez millones de euros para poder prorrogar el contrato de escoltas hasta el 31 de diciembre.