Hoy, 2 de julio de 2012, se cumplen 10 años de la aprobación en Navarra de la Ley Foral 2/2002 de 2 de julio «Ley Foral navarra para la adopción de medidas integrales contra la violencia sexista». Dicha Ley ya partía con muchas carencias y limitaciones, siendo en su momento criticada por la mayoría de los grupos feministas. Tanto por su incorrecta definición de violencia sexista, como por las escasas medidas que presentaba para erradicar este tipo de violencia y ayudar a las mujeres que la sufren.

En definitiva, no se presentó con una voluntad real, ni condiciones suficientes de atajar de raíz el problema, que no es otro que la vulneración constante de los derechos humanos, basada en la desigualdad y la discriminación entre hombres y mujeres.

Siempre se puede decir que la crítica es fácil si no se aportan alternativas o propuestas, pero esto en nuestro caso no es así. Ya en 2001, cuando se estaba gestando la ley, la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, en la que participan diferentes grupos feministas, había elaborado una propuesta de medidas integrales para la erradicación de la violencia sexista. Esta propuesta contemplaba medidas, tanto asistenciales-jurídicas, sociales y sanitarias-, como medidas educativas preventivas. Estas fueron presentadas a los diferentes grupos parlamentarios para intentar mejorar la ley. Gracias a este trabajo y a la presión social que se ejerció en ese momento, se consiguió una pequeña modificación de la ley en 2003 a través de la Ley 12/2003 de 7 de marzo de la adopción de medidas integrales contra la violencia sexista.

La Ley aprobada fue una ley de mínimos y evidentemente esto no fue suficiente. En 2010 la plataforma encargó al grupo investigador de género del Departamento de Trabajo Social de la UPNA la realización de un estudio para ver los cambios producidos en los años de la puesta en marcha de la ley. Los resultados fueron demoledores: el 85% de las ayudas económicas fueron denegadas; en vivienda solo se adjudica el 20% de las ayudas solicitadas; en educación el 63% del profesorado no ha recibido formación en coeducación; no existe protocolo específico de encuentro para familias; la sanidad solo detecta 1% de los casos de violencia; los medios de comunicación siguen manteniendo los estereotipos de género... Esto es solo alguna muestra de los decepcionantes resultados del estudio después de ocho años de puesta en marcha de la ley.

Cualquier ley queda vaciada de contenido sin una voluntad política real de llevarla acabo con todas sus consecuencias. En este caso, la ley ya era deficitaria en su contenido y, sin una inversión suficiente para llevarla a cabo, seguirá dejando a las mujeres desamparadas y solas ante su situación personal. Una situación generada en su origen por la desigualdad entre hombres y mujeres, y por tanto responsabilidad de toda la sociedad.

La violencia sexista no es un problema individual que atañe a algunas personas, sino un problema estructural de nuestra sociedad enferma en la desigualdad. Para erradicarla no necesitamos políticas de maquillaje en las que se legislen y modifiquen leyes para justificar la gestión política. Lo que necesitamos son infraestructuras reales con profesionales con preparación, que apoyen a las mujeres en los procesos que vayan a seguir, ayudas suficientes que les ofrezcan la seguridad de poder seguir adelante lejos del agresor. Y algo fundamental e imprescindible para una prevención, la creación de un plan educativo de igualdad serio, que contemple la formación de todos los agentes y todas las etapas educativas, encaminado a crear escuelas coeducativas que trabajen por erradicar la desigualdad desde su origen.

Desgraciadamente, la ideología de los políticos que ostentan el poder en la actualidad dista mucho de apoyar las necesidades que ayudarían a terminar con esta lacra. Apuestan por torpedear las pocas iniciativas conseguidas en esta materia. Ejemplos claros serían el ministro Wert quitando en la asignatura de Educación para la Ciudadanía el objetivo de «conocer y valorar la dimensión humana de la diversidad» y «la identificación y rechazo de las situaciones de discriminación hacia personas de diferente género y orientación afectivo-sexual». O el consejero Iribas, suprimiendo el negociado de igualdad en el organigrama del Departamento de Educación, nada más comenzar su legislatura.

Sabemos que se está preparando una nueva ley y, siendo así, nuevamente solicitaremos que esta ley no sea testimonial. Es necesario que recoja como concepto jurídico de violencia de género la definición de la ONU: «Todo acto de violencia que se ejerza sobre las mujeres como consecuencia de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, independientemente de que haya existido o no una relación afectiva o de pareja». Y que contemple unas medidas integrales completas, con unos presupuestos suficientes para abordarlas.

Tras diez años de puesta en marcha de la ley, las mujeres asesinadas en Navarra han sido más de diez y las cifras de la violencia que sufren las mujeres aumentan, mostrándonos que no valen medias tintas. Las mujeres siguen siendo agredidas y asesinadas y en muchos casos ni siquiera habían contemplado la posibilidad de denunciar. Es cierto que ha crecido la sensibilización de la sociedad hacia el tema y que el maltrato ha pasado a no estar bien visto, pero esto como resultado de 10 años de ley son migajas.

Hoy en día se sigue publicitando el camino de la denuncia como solución al problema de la violencia contra las mujeres. Pero resulta que en muchas ocasiones las denuncias son archivadas, las mujeres coimputadas con el maltratador denunciado, algunas denuncias llevan aparejadas una orden de expulsión y, además, desde la Administración han recortado las ya escasas ayudas económicas para las mujeres. Y por otro lado, se está produciendo una involución apoyándose en el discurso de las denuncias falsas, negando la existencia de la violencia contra las mujeres, convirtiéndolo en un delito invisible, invisibilizando las agresiones sexuales y la violencia sexista.

Las mujeres en esta situación quieren que las instituciones les ofrezcan seguridad y confianza, no que se dediquen a victimizarlas. Es necesario dotarles de herramientas reales para rehacer sus vidas y que ninguna otra mujer tenga que pasar por ello.

Como mujeres y feministas convencidas de que la soluciones pasan por un cambio social en que se erradique el discurso patriarcal y se apueste por los valores de igualdad entre mujeres y hombres, emplazamos a las autoridades a realizar apuestas políticas reales. Políticas que no se queden en papel mojado y que aborden tanto el plano asistencial como el preventivo. Y animamos a la sociedad a convertir este fin en objetivo propio, participando en todas aquellas convocatorias de movilización dirigidas a que la política gubernamental siga este camino.

Abogamos por una nueva ley en Navarra, no solo que mejore la anterior, sino que adopte las medidas suficientes y necesarias para erradicar la violencia sexista. Que esté dotada con los medios materiales y económicos suficientes, y que parta de una mayor sensibilización de todas las instancias tanto gubernativas como judiciales.

(*) También firman este artículo, María Palacios, Zuriñe Altable, Maria Ortega, Aitziber Otxoa, Miren Conde, Teresa Zabalegui.