El golpismo y la prepotencia quedan en evidencia cuando revisamos los «motivos de la destitución» del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, ya que una de las cinco razones para defenestrarlo fue haber firmado el Protocolo de Ushuaia en el año 2011, que es un instrumento jurídico del Mercosur a favor de la democracia y contra los golpes de Estado, para evitar golpes como el de Honduras de 2009. Es decir, el Congreso destituye a Lugo, entre otras razones, por firmar protocolos contra los golpes de Estado en la región. La diferencia con Honduras, como muy sarcásticamente confesó el exvicepresidente Federico Franco, hoy presidente de facto, es que «a Zelaya se lo llevaron de su casa, por la noche y en pijama».

¿Cómo es posible que en 24 horas expulsen a un Gobierno electo? En primer lugar, hay que recordar que el Gobierno de Lugo era una anomalía en la estructura del poder realmente existente en Paraguay y por lo tanto un elemento indeseable para los poderes fácticos, a pesar de su perfil moderado. Un Ejecutivo excesivamente heterogéneo (desde la izquierda marxista hasta la derecha liberal) se enfrentaba a una estructura de poder sólida y estable en el tiempo.

El arraigo sociológico del bipartidismo oligárquico de colorados y liberales es uno de los elementos claves para comprender la facilidad con la que el Congreso ha consumado el golpe. Los dos partidos que se han repartido el poder político durante 130 años (1880-2008) continúan siendo los dos partidos mayoritarios, con alrededor del 75% de los congresistas. Si a esto sumamos, los representantes de los otros dos partidos de derecha, UNACE (escisión colorada por la derecha) y Patria Querida (derecha «moderna»), llegamos a un 95%, con lo que la izquierda aparece como un mero accidente porcentual.

Las viejas redes clientelares rurales y urbano-marginales siguen siendo sumamente efectivas a la hora de movilizar electoralmente a las masas, para asegurar la dominación política de los partidos de la oligarquía. Las últimas elecciones departamentales y municipales de 2010 (2 años y medio después de la victoria de Lugo) lo corroboran, ya que el bipartidismo copó 16 de las 17 gobernaciones y más de un 95% de las alcaldías. En este contexto, la victoria de Lugo en abril de 2008, que sin duda era reflejo de un deseo de cambio, choca frontalmente contra una estructura política oligárquica todavía muy enraizada.

Este control absoluto del Poder Legislativo por parte de los grupos de la derecha durante tantos años, ha posibilitado realidades tan inauditas como que todavía no se pague impuesto sobre la renta y que redujeran hace unos años el impuesto empresarial del 30% al 10%. Todo un plantel funcional para los auténticos detentadores del poder, la red empresarial que inspiró, alentó y posteriormente justificó la expulsión de Lugo.

¿Quiénes son? Los diversos grupos de poder económico en Paraguay han jugado un papel central en el golpe y son, en consecuencia, los grandes beneficiados. Por una parte, tenemos a la rancia oligarquía terrateniente, que se enriqueció en gran medida gracias al expolio de tierras que se produjo en la dictadura stronista (Alfredo Stroessner, 1954-1989) y que se articula con el pujante agronegocio de exportación de soja y de carne de vacuno.

En alianza con estos, la presencia del oligopolio transnacional de agrotóxicos y semillas transgénicas es cada vez más fuerte, principalmente de Monsanto y Cargill. Diversos analistas, apuntan a estas dos corporaciones como partes integran- tes de la trama golpista. A su vez, hay que señalar la importancia de los «brasiguayos», más de 350.000 colonizadores de tierras de origen brasileño (más de un 5% de los habitantes de Paraguay) que tienen el control de facto de una parte de las tierras fronterizas con Brasil y que hoy día son nuevos terratenientes con un gran poder de influencia, tanto en Asunción como en Brasilia.

Los gremios empresariales que los defienden, fundamentalmente la retrógrada Asociación Rural del Paraguay (ARP), junto al representante de la proto-burguesía industrial parasitaria del país, la Unión Industrial Paraguaya (UIP), rápidamente emitieron declaraciones favorables a la destitución de Lugo y a la imposición de Franco. Sin ningún tipo de filtro discursivo se jactaron de que el nuevo administrador del Estado, Federico Franco, sería mucho más obediente a los dictados del capital.

A esta maraña de poderes fácticos hay que sumar a los narcotraficantes, a los que el difunto Tomas Palau les otorgaba una relevancia creciente. De hecho, el precandidato más importante del Partido Colorado, Horacio Cartés, está acusado de ser miembro del narco y en estos días ha sido señalado como uno de los principales arquitectos del golpe contra Lugo. El círculo se cierra con los grandes medios de comunicación empresarial, que en la última semana han ejercido de voceros del golpismo. Entre ellos, el director del reaccionario periódico «ABC Color», Aldo Zucolillo, un personaje oscuro que sigue utilizando el clásico discurso anticomunista de hace 50 años, ha jugado un papel central. Su diario ha instigado repetidamente al golpe de Estado durante los cuatro años de mandato de Lugo, con absoluta impunidad, delito que en otros países le hubiera supuesto una visita prolongada a la cárcel.

¿Pará qué? El golpe cumple varios objetivos. Por una parte, deja al Frente Guasu, coalición de partidos de izquierda que acompañaba Lugo, fuera de las fuentes de financiación principal: las arcas del Estado. Hay que tener en cuenta que las presidenciales serán en abril de 2013. Por otra parte, se deshace de un Ejecutivo que aunque era notablemente tibio, no representaba cabalmente sus intereses. Y lo más importante, intenta cerrar por la vía autoritaria un proceso de cambio que trasciende al Gobierno y que había abierto espacios de democratización y acumulación de fuerzas populares, nunca vistos en Paraguay.

Mensaje continental. Los golpistas, premeditadamente o no, han enviado también un mensaje a la región, al incluir la firma del Protocolo de Ushuaia como un motivo para la desti- tución de Lugo. Se convierte en una provocación a las instituciones de integración como Mercosur y Unasur, que pretendían blindar la región de más golpes, después de lo ocurrido en Honduras.

A pesar de la dureza inicial que manifestaron casi todos los países, según avanzaban los días solo el eje bolivariano se ha mantenido firme, planteando la expul- sión e incluso el bloqueo económico si no se reinstauraba el Gobierno democrático. Si no logran consensuar medidas drásticas, la oligarquía paraguaya terminará burlándose de todo el continente y evidenciará la fragilidad de la actual arquitectura de integración latinoamericana.