Lo afirmó Peces-Barba, uno de los siete santos padres de la Constitución española. Después de espetar su marcado acento conservador a José Mª Ruiz-Gallardón, mano derecha de Fraga Iribarne en Alianza Popular, aquel le contestó: «¿Conservador yo? Tendrías que conocer a mi hijo. Ese sí que es conservador». Se refería a Alberto, su vástago, el otrora alcaldísimo de Madrid y ahora ministro de Justicia. No sabemos si el suegro de este, José Utrera Molina, ministro de Franco y Secretario General del Movimiento durante la dictadura, compartía también la misma opinión. Es posible que sí.

La pasada semana, en el Congreso, Amaiur preguntó al Gobierno si tenía «intención de realizar alguna actuación tendente a determinar las responsabilidades derivadas de los sucesos acaecidos durante los Sanfermines de 1978 en Pamplona». Le recordamos los hechos. La Policía, tras finalizar la corrida de toros del 8 de julio, entró en el redondel de la plaza -la disculpa fue una pancarta pidiendo la amnistía- golpeando y disparando pelotas contra quienes allí estaban. La agresión fue respondida y entonces disparó fuego real, de forma indiscriminada, contra la gente de los tendidos, resultando siete heridos de bala, algunos de ellos graves.

Los enfrentamientos se extendieron después por toda la ciudad. Un informe oficial habló de que fueron utilizadas 5.000 pelotas de goma, 1.000 botes de humo y otros tantos de gases. De la emisora policial se grabó lo siguiente: «Tirad con todas las energías. No os importe matar». La orden fue obedecida y la Policía disparó más de ciento cincuenta proyectiles de fuego real. Una ráfaga asesina acabó con la vida de Germán Rodríguez. Días más tarde, en las manifestaciones de solidaridad que se extendieron por toda Euskal Herria, la Policía mató en Donostia a otro joven, Joseba Barandiaran.

Ningún policía fue expedientado, procesado, ni condenado. La justicia no halló culpable alguno. Martín Villa, ministro del Interior, afirmó: «Lo nuestro son errores, lo de ellos son crímenes». Esa fue su vara de medir: hay víctimas de primera y segunda. En resumen, políticos cínicos, crímenes impunes, justicia servil. Las muertes matadas de Germán y Joseba no computaron.

El ministro contestó de forma marrullera. Me echó en cara, en primer lugar, que hubiéramos hecho la pregunta justo el día después del vigésimo quinto aniversario de Hipercor, «donde fueron asesinadas veintiuna personas, entre ellas cuatro niños». Gallardón sabía que nuestra pregunta, hecha inicialmente al Gobierno por escrito, llevaba dos meses sin ser respondida, olvidada en vaya a saber usted qué cajón; sabía también que el orden del día de cada sesión lo fija la Mesa del Congreso, donde su partido, el PP, tiene mayoría absoluta, y sabía también, por último, que tras haber sido negado a Amaiur su derecho a tener grupo parlamentario propio, nuestros poderes y derechos en el hemiciclo son de risa. O sea, el ministro ofició de trilero y jugó sucio mezclándolo todo.

Gallardón afirmó que «aquel año de 1978, además de éste se produjeron otros sobreseimientos por delitos terroristas... fueron cuarenta los asesinatos de ETA que quedaron impunes porque no se conoció a su autor». Es decir, en un evidente lapsus linguae, el ministro reconoció que las muertes de Germán y Joseba fueron asesinatos, delitos terroristas impunes. Pues bien, si esto es así, ¿a qué espera su Ministerio para atender las exigencias de verdad, justicia y reparación negadas durante estos treinta y cuatro años?

La doctrina de Martín Villa sigue hoy plenamente vigente: «Lo nuestro son errores. Lo de ellos son crímenes». Tras la legalización de Sortu, Gallardón nos ha recordado que ellos serán la «sombra» de esta organización y que «no ha llegado, de ninguna de las formas, el día de la impunidad», añadiendo que nadie debe esperar que «los condenados por la ley y por los tribunales... vayan a recibir ningún tipo de conmutación de pena, indulto o excarcelación». Obviamente, no se refería a Barrionuevo, Vera, Galindo, San Cristobal... condenados a varios cientos de años de cárcel por la comisión de crímenes del GAL (secuestros, torturas, asesinatos...), los cuales no llegaron a cumplir, de promedio, ni la décima parte de las penas impuestas, sino a los actuales setecientos presos y presas vascas, o a las más de doscientas personas que esperan juicio por realizar actividades estrictamente políticas o sociales.

Gallardón, a quien le crecen las desvergüenzas en su propia casa y en lo más alto de su querida judicatura le brotan guinness del pelo de Carlos Divar (¿qué sentencias habrá podido hacer semejante especimen?), ha afirmado en relación con este último escándalo que es preciso «mirar hacia adelante». O sea, más de lo mismo. En unos casos, hay que olvidarse de todo: borrón y cuenta nueva; en otros, el pecado cometido exigirá penitencias eternas.

La justicia del ministro Gallardón no es ciega, sino tuerta. Por un ojo no ve nada. Con él analiza casos como el de Sanfermines-78; el del 3 de marzo de Gasteiz; los de Gladys del Estal, en Tutera; Mikel Arregi, en Lakuntza; Mikel Zabalza, en Intxaurrondo-Bidasoa...; es el ojo ciego a los informes de malos tratos, torturas y violaciones policiales de derechos humanos hechos por Amnistía Internacional, la Unión Europea y la propia ONU. El otro ojo, por el contrario, tiene vista de lince y no solo eso, sino que usa lentes de aumento. Con él mira a Sortu, a Amaiur, a Bildu; a los cientos de presos y presas vascas; a Miren, Arnaldo, Sonia, Rafa y Arkaitz; a la juventud vasca; al sindicalismo contestatario y a los movimientos sociales rebeldes...

Hasta un ministro de Justicia del PP puede entender que todas las víctimas han de tener una misma consideración y trato al ser valoradas y juzgadas, sin que puedan hacerse distinciones entre ellas. Es lo normal, ¿no? De ahí que nuestra pregunta terminara así: «Sr. Ministro: tras 34 años de desvergüenza administrativa, política y judicial, exigimos tan solo verdad, justicia y reparación. ¿Es mucho pedir?». Insistimos, ¿es mucho pedir?