«Aplicamos subidas fiscales justas», aseguró el ministro francés de Finanzas, Pierre Moscovici, en declaraciones a la prensa a la salida del Consejo de Ministros que adoptó un proyecto de ley que modificará el presupuesto de este ejercicio.

Moscovici consideró que «es normal que se exija más a los más ricos», y advirtió de que si no se hubiera corregido el presupuesto «espontáneamente» el déficit al final del año hubiera sido del 5 % del PIB.

El dispositivo más importante en términos de recaudación es la supresión de exenciones en el impuesto sobre la fortuna (ISF), con el que se esperan 2.300 millones de euros. Como otras medidas, significa dar marcha atrás a reformas impositivas llevadas a cabo durante el mandato del anterior presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy.

Entre las más significativas de esas reformas está la anulación de la subida del IVA, que debía haber entrado en vigor en setiembre para compensar una reducción de las cotizaciones que pagan las empresas y los trabajadores, con la que Sarkozy pretendía incrementar la competitividad de las compañías.

De las empresas, precisamente, tendrá que salir el 47% del dinero que el Ejecutivo quiere conseguir con los incrementos de impuestos, en primer lugar (1.000 millones de euros) con el fin de las exenciones en las cotizaciones al pagar las horas extraordinarias, salvo en las de menos de 20 asalariados.

Se crea una tasa del 3% sobre los dividendos que pretende penalizar a los grupos que reparten beneficios entre sus accionistas en lugar de dedicarlos a invertir, lo que reportará unos 300 millones de euros en 2012 y entre 800 y 1.000 millones anuales a partir de 2013.

El tipo de la contribución social que habrá que pagar por las opciones sobre acciones (stock options) y sobre las acciones gratuitas pasará del 22% al 40%. En la línea de hacer pagar a los más privilegiados, el umbral de las exenciones fiscales en las donaciones y en las sucesiones pasará de 159.325 a 100.000 euros. El Ejecutivo ha previsto también la congelación de 1.500 millones de euros de gasto público para poder cumplir los objetivos de déficit, pero no ha querido precisar hasta ahora recortes concretos, y en particular no ha querido dar cifras sobre reducción en empleos en las administraciones.

Impuestos y funcionarios

Entretanto, según distintas fuentes, confirmadas por las declaraciones del martes del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en las que anunciaba medidas «muy severas», el Ejecutivo español prepara nuevos recortes por valor de 30.000 millones. La medida incluiría la subida del IVA, subida de tasas a los carburantes y las autopistas, reforma del sistema de pensiones y «un recorte drástico del gasto público». Este plan puede ser anunciado la próxima semana y la segunda parte del ajuste llegaría después del verano.

Asimismo, con la prevista reforma de las administraciones públicas, el Gobierno de Mariano Rajoy baraja la posibilidad de eliminar 300.000 empleos de funcionarios.

Además, el Ejecutivo español está preparando un plan de privatizaciones con el que pretende ingresar hasta 30.000 millones que no irán destinados a reducir el déficit, pero sí a amortizar parte de la deuda. Este plan, que previsiblemente se aprobará antes de agosto, afectará a varios ministerios y permitirá la entrada de iniciativa privada en sociedades y en la prestación de servicios públicos.

En concreto, el plan implicará previsiblemente a empresas como Renfe, Aena, Puertos del Estado y Paradores, e incluirá privatizaciones de sociedades y servicios prestados por las comunidades autónomas, como el Canal de Isabel II, de la Comunidad de Madrid. Asimismo, contempla diversas desinveriones en empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como IAG (compañía resultante de la fusión de Iberia y British Airways), Ebro Foods o Red Eléctrica de España (REE).