El Gobierno de Perú decretó el estado de emergencia y la militarización de tres provincias de la región de Cajamarca, al norte del país, tras unas violentas protestas contra un proyecto minero que dejaron tres civiles muertos y una veintena de heridos en Celendín, informó el ministro de Justicia, Juan Jiménez, que instó a la calma a la población tras los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes opuestos al proyecto minero Conga, de la estadounidense Newmont.

La medida durará treinta días y restringe el derecho de reunión, la inviolabilidad de domicilio y el libre tránsito de las personas, entre otros puntos, recordó el titular de Justicia.

La medida, prevista en la legislación peruana, autoriza además a las Fuerzas Armadas a respaldar a la policía en sus labores de vigilancia y control.

La violencia estalló cuando unos 2.500 manifestantes llegado al municipio de Celendín, ubicado en la provincia homónima. Al parecer, un grupo de personas pertenecientes a la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) ocupó el Ayuntamiento y la sede del Ministerio Público. La Policía lanzó bombas lacrimógenas y disparos al aire para desalojarlos. La fiscal de Cajamarca, Esperanza León, indicó que el balance era de «tres muertos, uno de ellos menor de edad (17 años), 20 heridos y 15 detenidos».

Según explicó el líder de Tierra y Libertad, Marco Arana, los vecinos decidieron tomar el municipio después de que el alcalde, Mauro Arteaga, se declarara a favor del proyecto, valorado en 4.800 millones de dólares (3.808 millones de euros).

Los habitantes de esta región, que llevan 33 días en huelga indefinida, rechazan el proyecto por miedo a quedar sin agua o que esta se contamine.