Cientos de personas se volvieron a concentrar ayer en las cercanías de la sede del Gobierno de Shifang, al sudoeste de China, pese a la fuerte presencia policial y a la amenaza de las autoridades de ejercer «una represión implacable» contra quienes sigan movilizándose después de que el Gobierno local anunciara la paralización de la construcción de una fábrica metalúrgica dedicada al tratamiento de metales pesados, como el cobre y el molibdeno. Aunque algunos tomaron con júbilo la noticia de la paralización, mucho otros se mostraron recelosos y pusieron en duda la sinceridad de las autoridades.

Las declaraciones de un funcionario que iba a participar en la construcción de esta planta valorada en 1,3 millones de euros contribuyeron a aumentar la incertidumbre. Sichuan Hongda aseguró que su empresa no había recibido ninguna notificación oficial de la suspensión.

El anuncio de este proyecto originó fuertes enfrentamientos que, según la organización de defensa de derechos humanos Chinese Human Rights Defenders, habrían ocasionado dos muertos. Fuentes gubernamentales hablaban de 13 heridos y reconocían el uso de gases lacrimógenos y de granadas ensordecedoras.

Los riesgos de contaminación se han convertido en una frecuente fuente de descontento en China. El crecimiento económico y la industrialización desenfrenada que ha experimentado el país ha provocado una alarmante tasa de cáncer, sobre todo, en las provincias centrales.