Aunque durante estos días los medios de comunicación están especulando insistentemente sobre las posibles estrategias ocultas detrás de la «derrota» de Anjela Merkel en la Cumbre de Bruselas, parece que hay más razones para pensar que las conclusiones de la Cumbre fueron más bien un resultado de la nueva correlación de fuerzas en el seno de la Unión Europea.

A ello apunta el hecho de tratarse de la primera Cumbre del Consejo Europeo con la participación de Hollande, si tenemos en cuenta que la apertura de la puerta de Bruselas a los bancos coincide exactamente con la repetida defensa por parte de Hollande de un vuelco del conjunto de los instrumentos europeos en apoyo a los grandes bancos, en manifiesta contradicción con lo repetidamente anunciado durante su campaña electoral.

Esta interpretación es también coherente con el contexto de «pánico» premeditadamente creado durante los días anteriores a la Cumbre por diversos gobiernos, instituciones financieras y medios de comunicación. El comentario general en círculos confidenciales era la evidencia de que se trataba de una campaña destinada a presionar a Merkel con el fin de asegurar un cambio cualitativo a favor del sector bancario en las estrategias de la Unión Europea.

Un indicio claro de la ausencia de estrategias ocultas en Ala canciller alemana que pudieran haber salido victoriosas de esta Cumbre lo constituye la agresiva reacción de Horst Seehofer, líder del CSU, amenazando con la ruptura de la coalición gobernante, declaraciones de una inhabitual agresividad, que no se hubieran producido si hubiese existido un interés estratégico del gobierno alemán en los acuerdos alcanzados, distinto del directamente reflejado en los documentos aprobados.

Otra cuestión es que, evidentemente, Alemania y los países avanzados hicieran todo lo posible para introducir en los resultados de la Cumbre todas las cautelas posibles. Pero ello no obsta para que el compromiso político de aceptar financiar directamente a la banca privada represente un salto cualitativo sustancial en las políticas anti-crisis de la Unión Europea.

Del compromiso político de asunción de la función de supervisión bancaria por parte de la UE podríamos también esperar un cambio cualitativo en las políticas bancarias anticrisis. Pero la práctica inactividad de las instituciones de la Unión durante estos cinco años y las políticas expansivas del BCE no permiten albergar demasiadas ilusiones al respecto.

No solo el contenido concreto de las conclusiones de la Cumbre, sino también el eco mediático de la «derrota» de Merkel ya han empezado a tener serias repercusiones indirectas: Grecia ha planteado renegociar las condiciones de su rescate, han hecho apelaciones al respecto Irlanda y Portugal, ya se habla de Eslovenia como el siguiente Estado en solicitar formalmente el rescate, ... todo parece indicar que esta Cumbre puede ser un verdadero punto de inflexión. El problema es hacia dónde va a evolucionar la situación a partir de dicho punto.

La crisis política y constitucional se encuentra en Alemania en una situación límite. Damos por supuesto que, de una forma u otra, esta encrucijada será superada por los actuales partidos mayoritarios. Si es necesario, a través de una coalición de gobierno entre la CDU y el SPD.

Sin embargo, ¿hasta dónde puede seguir tensionándose esta peculiar política anticrisis? El problema es que el cambio conceptual que se ha aceptado en esta Cumbre, fuera de las limitaciones cuantitativas de los compromisos ya asumidos, puede suponer un vuelco radical de las responsabilidades políticamente asumidas ante la crisis financiera.

Porque una cosa es el rescate de Grecia y otra, muy distinta, el rescate de Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, Chipre, Eslovenia... Y no ya de un rescate destinado -con un enfoque y unos resultados ciertamente negativos- a ayudar a estos países a corregir los desequilibrios presupuestarios, sino de un compromiso político de responsabilizarse del rescate directo del sector bancario, en situación crítica en estos países.

El gran problema derivado de esta Cumbre es que, desbordados por la dimensión del sobreendeudamiento y la situación crítica de sus bancos, los países periféricos cambien a partir de ahora sus estrategias, de forma expresa o tácita. Una vez que se les han abierto las puertas de la UE, es lógico que estos países centren ahora sus esfuerzos no en contener o resolver su propio problema bancario, sino en conseguir que la UE lo resuelva. Lo cual es poco menos que imposible.

En círculos confidenciales se está repetidamente subrayando el drástico cambio de la política europea de Francia y, en concreto, de la directísima relación de este cambio con la situación y riesgos de la banca francesa. Como es habitual entre una buena parte de nuestra clase política, Hollande ha decidido esquivar el problema de fondo y, en lugar de abordar la reestructuración del sector bancario francés, ha optado por apuntarse a la guerra entre gobiernos y países para decidir «qué gobierno corre con los costes del rescate bancario».

Abordar las políticas de ayudas al sector bancario antes de que los bancos se hayan reestructurado y repercutido las pérdidas sobre los inversores -accionistas y acreedores del mercado de capitales- puede ser excelente para algunos bancos, pero una auténtica locura en una crisis financiera de la dimensión de la actual. El rescate bancario con fondos públicos solo puede ser justificable con la finalidad de salvaguardar los recursos de los depositantes. En ningún caso los de otros acreedores.

Que transcurridos cinco años desde el estallido de la crisis sea necesario aún recordar algo tan claro, que durante estos años no se haya hecho prácticamente nada en las instituciones europeas o internacionales por reconducir o reestructurar la situación del sector bancario -salvo sucesivas aportaciones de fondos públicos- nos indica claramente que la evolución y gravedad de la actual crisis financiera es inexplicable sin entender que se trata también, inevitablemente, de una profunda crisis política.

Pero este nuevo escenario que parece alumbrarse tras la Cumbre de Bruselas, basado en un salto cualitativo de las aportaciones de la UE al sector bancario, es un callejón sin salida. Sólo una feroz dictadura a nivel europeo puede conseguir que la población europea tolere detracciones de recursos de la economía real sensiblemente superiores a las que hasta ahora, de una forma u otra, se han venido aceptando.

Lo que sí puede provocar esta estrategia es un enfrentamiento político entre países de la Unión Europea en niveles desconocidos desde los peores momentos del siglo XX. Rajoy, Monti y Hollande pueden haberse olvidado de la necesidad de que sea la propia reestructuración del sector bancario la solución del problema, pero deberían darse cuenta al menos de lo que pueden y no pueden exigir a los ciudadanos y a las empresas europeas. Que nuestros representantes políticos al más alto nivel se estén atacando mutuamente como lobos para repartirse los costes del rescate bancario revela en qué situación estamos.