Más de 80 estados y organizaciones internacionales reunidas en Tokio prometieron ayer una ayuda de 16.000 millones de dólares (13.000 millones de euros) al Afganistán que preside Hamid Karzai hasta 2015, para la etapa que comenzará cuando las tropas ocupantes de la OTAN abandonen el país.

Con este dinero quieren impulsar el que denominaron «decenio de la transformación», entre 2015 y 2024 que seguiría al denominado «decenio de la transición», los años de la ocupación tras el poder talibán.

La ayuda prometida incluye ayudas ya en curso y otras nuevas, y los participantes de la reunión de Tokio se comprometieron a financiar al país entre 2016 y 2017, «a un nivel igual o aproximado a las ayudas enviadas durante la pasada década», según la «declaración de Tokio» adoptada por unanimidad.

Varios de los intervinientes advirtieron de los riesgos de un abandono del país a su suerte tras la retirada militar. «No invertir en la gobernanza, la justicia, los derechos humanos, el empleo y el progreso social podría dejan en nada las inversiones y sacrificios de diez años», alertó el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon.

Las autoridades afganas se mostraron muy satisfechas del acuerdo, estimando que atiende a su preocupación sobre el período que seguirá a la retirada de las fuerzas de la OTAN a finales de 2014, trece años después de la invasión bajo la égida estadounidense para expulsar a los talibanes, aunque estos siguen hostigando a las fuerzas ocupantes y del Gobierno y están lejos de ser derrotadas. La comunidad internacional ya había prometido proporcionar al país 4.100 millones de dólares al año para gastos en seguridad, en una reunión anterior en Chicago. Pero sigue dependiendo de la ayuda internacional para su desarrollo y, tras 30 años de diversos conflictos, es uno de los países más pobres del mundo con un PIB de 528 dólares per cápita en 2010-2011, de acuerdo con el Banco Mundial.

Vigilancia

Los estados reunidos en Tokio expresaron cierta impaciencia con la administración afgana acusada de ser notoriamente corrupta y que no muestra gran interés en el respeto de los derechos fundamentales.

Por ello, la Declaración de Tokio estuvo acompañada por un «acuerdo marco de responsabilidad mutua», que establece una vigilancia sobre el país, supervisado en una reunión ministerial bianual.

Entre las obligaciones impuestas a las autoridades afganas se encuentra la orden de presentar, a principios de 2013, un calendario de los preparativos para las elecciones previstas para 2014 y 2015, así como luchar contra la corrupción reforzando la lucha contra el narcotráfico.

La declaración también conmina a la administración afgana a «asegurar que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos económicos, políticos y culturales» y «mejorar el acceso a la justicia para todos, en particular para las mujeres».