El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) propinó ayer un varapalo al Estado español al admitir el recurso interpuesto por Inés del Río, quien debería haber sido excarcelada en 2008 y que permanece en prisión a consecuencia de la aplicación de la doctrina 197/2006 del Tribunal Supremo. A este respecto, Estrasburgo califica de «irregular» su situación, en un fallo contundente tanto en su razonamiento como en sus conclusiones, e insta a la puesta en libertad de la prisionera navarra, fijando además una cuantiosa indemnización a pagar por el Estado.

La resolución del TEDH es de gran calado, y la acusación de haber vulnerado los artículos 5 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos tiene la gravedad suficiente para obligar a Madrid a medir bien su respuesta, ya que se trata de una desautorización en toda regla por parte de la principal instancia judicial europea. Sin embargo, los ministros de Justicia y de Interior optaron por responder en caliente, mostrando una actitud alejada de la que se espera de cualquier mandatario de la UE. Sin tiempo siquiera de haber leído la sentencia, anunciaron que la recurrirán, así como su intención de incumplirla manteniendo en prisión a Del Río. El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, visiblemente alterado, llegó a reprochar a los magistrados la fecha elegida para dar a conocer el fallo. Su pataleta le deja en evidencia, y con él, a un Estado al que Europa le ha marcado los límites en su política de excepción contra los presos políticos vascos.

Con su recurso a una sentencia adoptada por unanimidad -entre los firmantes está el magistrado español y ex secretario de Estado de Justicia Luis López Guerra-, el Ejecutivo del PP pretende ganar tiempo. Pero sabe que hay un antes y un después, y debería utilizar ese tiempo que pide prestado para explicar a la sociedad española que las cosas han cambiado. Más pronto que tarde, la cordura y el sentido común ocuparán el lugar en el que hasta hoy solo ha habitado la venganza.