Las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, junto con el Gobierno de Gasteiz, acudieron ayer a Madrid a la reunión del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), donde la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, planteó reducir un 15% la paga de los cuidadores familiares de personas dependientes y afirmó que dejará de hacerse cargo de la cotización a la seguridad social de los no profesionales que se incorporen a partir de ahora al sistema.

El diputado de Política Social de Gipuzkoa, Ander Rodríguez, afirmó que la Diputación foral de Gipuzkoa no aplicará el decreto en el territorio guipuzcoano y así se lo hizo saber a la ministra durante su intervención en el pleno, donde denunció que el Gobierno del PP, «en lugar de promover cuidados de calidad, va a precarizarlos al aplicar una reforma hecha únicamente con la calculadora».

Rodríguez subrayó que esta reforma incluye medidas que van «totalmente en contra» de la mejora de las condiciones de vida de las personas dependientes, como la imposibilidad de compatibilizar las prestaciones económicas con los servicios o la rebaja de las cuantías que perciben los cuidadores en el entorno.

«Estas medidas van a tener consecuencias y efectos perversos. Van a acarrear la expulsión del sistema de muchas de las personas dependientes, que no tendrán otra opción que recurrir al mercado negro de los cuidados. Esto, a su vez, va a provocar un preocupante aumento del empleo sumergido en un sector donde el trabajo se desarrolla, fundamentalmente, por mujeres en condiciones de absoluta precariedad», denunció.

«Ingresos y no recortes»

En representación del Gobierno de Gasteiz acudió la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, quien afirmó que la financiación de la Ley de Dependencia necesita «ingresos sostenibles y no recortes permanentes» y defendió el ámbito competencial de la CAV a la hora de decidir el modelo «para seguir ofreciendo los mejores estándares de calidad».

En esta línea, propuso la dotación de un impuesto finalista -que lo que se recaude vaya íntegramente a sufragar el coste de la dependencia- como ya ocurre en Alemania o Francia.