Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El Gobierno español anuncia un recurso para no liberar a Del Río
GARA | MADRID
«No va a salir de prisión». Estas palabras, pronunciadas por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, marcaron la primera respuesta del Ejecutivo español a la última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ayer puso en entredicho la aplicación de la doctrina 197/2006 del Tribunal Supremo y solicitó la puesta en libertad de Inés del Río Prada, detenida 1987.
El responsable de Interior, que aprovechó su presencia en una Conferencia de Alto Nivel sobre Víctimas del Terrorismo celebrada en Madrid para anunciar la interposición de un recurso ante la Gran Sala de Estrasburgo, señaló que el Gobierno español no tiene intención de cumplir lo estipulado en el auto por existir riesgo de fuga. «Sin lugar a dudas se fugaría», llegó a citar el ministro conservador, que no tuvo reparos en otorgar al Ejecutivo de Rajoy funciones propias del poder Judicial.
Sin embargo, conforme avanzó su intervención Fernández Díaz matizó sus palabras, y reconoció que corresponderá al TEDH decidir si la respresaliada navarra permanece, o no, encarcelada en la prisión gallega de Texeiro. Una decisión que se hará pública tras examinar el recurso de la Abogacía del Estado.
En cuanto a la repercusión de la sentencia, que crítica la «retroactividad» de la doctrina del TS y pone en entre dicho la prolongación de las penas a los presos políticos vascos, Fernández Díaz subrayó que el fallo «en ningún caso deroga la `doctrina Parot'. Solo resuelve un caso muy concreto y sobre la base de la irretroactividad de la ley penal. Pero en ningún caso se pronuncia sobre la doctrina, sobre la que solo es competete el Tribunal Constitucional».
Además, el dirigente del PP, que avanzó su intención de descontar los 30.000 euros de indemnización fijados por Europa de la responsabilidad civil impuesta por la Justicia española a Del Río, criticó a la instancia supranacional por haber publicado la sentencia el día en el que se celebraba el decimoquinto aniversario de la muerte de Miguel Angel Blanco.
A su parecer, esta circunstancia es una «falta de sensibilidad». «Me parecer absolutamente lamentable y me quedo ahí, pero hay algún miembro del Tribunal que podría haber advertido de esta lamentable coincidencia», añadió sin reparar en los derechos de la persona recurrente.
Discrepancias con Europa
Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se mostró contrario a la sentencia, y reconoció que discrepa «severamente» del falló recogido en el auto. Asimismo, siguiendo con la tónica marcada por Fernández Díaz, el exalcalde de Madrid recordó que «el criterio del Gobierno es que no debe producirse una excarcelación mientras la Gran Sala convierta, o no, en definitiva» su resolución.
En lo referente a los motivos argumentados por los jueces en la sentencia, que evidencian una violación de los artículos 5 -Derecho a la libertad y a la seguridad- y 7 -No hay pena sin ley- del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Ruiz Gallardón explicó que el PP «piensa que en ninguno de los casos se ha establecido esa violación».
Por último, el titular de Justicia, que este martes ofreció una rueda de prensa en Santiago de Compostela, destacó que la sentencia de Estrasburgo «es provisional y no definitiva, y subrayó que la misma «afecta únicamente a una persona», negando que el fallo, avalado por la justicia europea, sea valido para todos los presos vascos.
La portavoz del Ejecutivo autonómico, Idoia Mendia, se refirió ayer a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEHD), que este martes solicitó la puesta en libertad de Inés del Río y puso en entredicho la aplicación de la doctrina 197/2006 del Tribunal Supremo (TS) español. Una norma, conocida como «doctrina Parot», que prolonga hasta los cuarenta años la pena de prisión de los represaliados vascos.
En una rueda de prensa ofrecida tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, celebrado este martes en la capital alavesa, Mendia estimó que, con su decisión, los magistrados del Tribunal de Estrasburgo han considerado que está «claro» que, si la condena de una persona «se ha liquidado de acuerdo al Código Penal de 1973 y luego se aplica una doctrina aprobada en 2006 -en alusión directa a la doctrina del TS-, la aplicación de la norma se ha hecho indebidamente».
En este sentido, la consejera de Justicia en el Gabinete de Patxi López recordó que algunos votos particulares recogidos en las sentencias del Tribunal Constitucional (TC), que el pasado mes de marzo dejó en libertad a tres presos políticos a los que se les había impuesto la citada doctrina, ya se incluía el argumento de la «no aplicación retroactiva de las normas penales».
Por ello, Mendia, que evitó pronunciarse sobre si la decisión del TECH supone una desautorización general de la propia doctrina del TS, consideró necesario analizar «caso por caso» la repercusión que esta sentencia pueda tener sobre la situación de los presos políticos vascos afectados por la misma -87 desde su puesta en marcha en el año 2006-.
No obstante, para mantener una postura de aparente neutralidad ante los medios congregados en Lehendakaritza, la consejera realizó un llamamiento a la «prudencia», al tiempo que expresó su respeto por las decisiones judiciales.
En este sentido, Idoia Mendia, al igual que su homólogo español, Alberto Ruiz Gallardón, recordó que el pronunciamiento de la Corte penal de Estrasburgo se refiere «exclusivamente» al caso concreto de Inés del Río, que fue encarcelada en el año 1987 por su militancia en ETA, y no al de todos los represaliados políticos. GARA
Herrira quiere que todos los presos políticos vascos que hayan cumplido las dos terceras partes de su pena puedan retornar a Euskal Herria como personas libres. Por ello, ayer el movimiento solidario solicitó a Madrid la derogación de la doctrina 197/2006 del Tribunal Supremo español, y exigió la puesta en libertad de todos aquellos represaliados que hayan cumplido la condena que en su día les fue impuesta.
De este modo respondió Herrira al fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que insta al Gobierno de Mariano Rajoy a liberar «en el plazo más breve posible» a Inés del Río, encarcelada en el penal gallego de Texeira y pone en entredicho la aplicación de la doctrina, que prolonga las condenas de los represaliados políticos más allá de lo fijado en las propias sentencias.
Asimismo, el movimiento solidario felicitó a los ciudadanos y a las ciudadanas que «en tantas ocasiones» se han movilizado para mostrar su rechazo a esta doctrina de excepción, creada en el año 2006. «Felicitamos a las personas que han expresado su oposición a esta doctrina que impone de facto la cadena perpetua a las y los presos políticos vascos», añadió en su comunicado de prensa, ya que considera que la sentencia que dio a conocer el Tribunal de Estrasburgo «es una victoria de una gran parte de la ciudadanía vasca».
No obstante, este organismo, que es consciente de que el fallo puede ser recurrida por las autoridades españolas, animó a la sociedad vasca a «seguir el camino emprendido para que desaparezca el régimen especial construido contra las y los presos políticos vascos. Un régimen que supone una restricción excepcional de los derechos que les asisten como personas presas».
Además, Herrira es de la opinión de que el fallo emitido por Estrasburgo «alumbra» ese camino emprendido y «muestra la gran validez de la movilización y la lucha ciudadana», al tiempo que «evidencia el sinsentido y la insostenibilidad de la actitud inmovilista de los estados». GARA
La resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos provocó ayer la reacción de la mayoría de fuerzas políticas. Las que más satisfechas se mostraron fueron las soberanistas. Fue el caso de la izquierda abertzale, que afirmó que se trata de una «importante noticia» y supone un «varapalo severo» para los dirigentes españoles. En una rueda de prensa ofrecida en Donostia, Maribi Ugarteburu y Pernando Barrena destacaron que la sentencia «deja claro que España ha vulnerado el Tratado Europeo de Derechos Humanos con el alargamiento de las condenas».
Además, los políticos abertzales señalaron que la aplicación de la doctrina del TS, que en la actualidad afecta a más de 60 presos políticos, «es una medida que responde únicamente a una estrategia de guerra y venganza». «Esas personas ya han cumplido la condena impuesta y su liberación debería ser una medida jurídica y política a adoptar sin demora. No solo porque lo digamos nosotros o porque el respeto de los derechos de los presos sea una reivindicación mayoritaria en Euskal Herria, sino porque el propio TEDH así lo exige», explicaron.
En cuanto a la respuesta dada por el Ejecutivo español, que se niega a liberar a Inés del Río -tal como solicita Estrasburgo-, Ugarteburu señaló que esta postura, defendida por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, «da la medida de lo que está haciendo hoy por hoy el Gobierno del PP en lo referente a la resolución del conflicto político vasco».
En este sentido, desde Alternatiba Oskar Matute señaló que la decisión del Tribunal Europeo debería suscitar una «reflexión profunda» en el seno del Gobierno español, que tendría que estar acompañado por un cambio en la política penitenciaria diseñada por el Ejecutivo de Rajoy.
Asimismo, Matute, que ayer compareció en una rueda de prensa ofrecida en Donostia junto con Joseba Permach, Ainhoa Beola e Iñaki Ostolaza, advirtió de que la resolución del TEDH «tendría que servir para resarcir el daño causado a todas las personas que se han visto afectadas por la aplicación de la doctrina». «La sentencia evidencia que los derechos de los presos han venido siendo sistemáticamente vulnerados», añadió.
Por último, en una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso de Madrid, Xabier Mikel Errekondo (Amaiur) mostró su alegría por la decisión del TEDH «porque va en la línea de la exigencia de la sociedad vasca». GARA
