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El disuelto Parlamento de Egipto desafía abiertamente a los militares

En un claro desafío a los más que restos del viejo régimen, capitaneados por los militares, el Parlamento democráticamente elegido de Egipto volvió a reunirse ayer. Lo hizo con el aval de la mayoría islamista de la Cámara y el apoyo de sectores revolucionarios y con la oposición de los sectores «laicos» prooccidentales. Pero la batalla judicial continúa y el Constitucional ordenó suspender el decreto presidencial que restableció su actividad.

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GARA | EL CAIRO

La Asamblea del Pueblo Egipcio, disuelta a mediados de junio por decisión del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) a través del Tribunal Constitucional, se reunió ayer por la mañana. Lo hizo amparada por el decreto del presidente electo, el islamista Mohamed Morsi, que obligaba a su restablecimiento, en un abierto desafío al viejo régimen, que se resiste a desaparecer tras el derrocamiento del rais Hosni Mubarak en febrero del pasado año.

Sin embargo, la batalla judicial continuó con una nueva resolución del Alto Tribunal que invalidaba, horas después de la sesión celebrada por la Cámara Baja del Parlamento, el decreto presidencial que ordenaba su restablecimiento en contra de lo dictado por este órgano judicial y aplicado por el CSFA.

El presidente de la Asamblea, el islamista Saad al-Katatni, declaró a la apertura de la sesión que «estamos discutiendo el mecanismo de aplicación» de la sentencia del Constitucional. «El Parlamento conoce muy bien sus derechos y deberes, no interviene en los asuntos del poder judicial y no comenta las sentencias de los tribunales», insistió el diputado de los Hermanos Musulmanes, quien apuntó que es la Corte de Casación la que tiene la competencia para decidir sobre este contencioso y anunció el traslado del caso ante ese Tribunal, por lo que aplazó la sesión sin fijar nueva fecha.

Al-Katatni apuntó que «el decreto del presidente -que restableció las actividades y prerrogativas de la Cámara- no afecta al fallo del Tribunal Constitucional, sino a la decisión de la Junta Militar de disolver la Asamblea del Pueblo».

Su líder y presidente electo, Mohamed Morsi, ya avanzó que la decisión de reunir al Parlamento «ni contraviene ni contradice la sentencia de la Corte Constitucional» y evocó que esta última puede no ser aplicada con carácter inmediato.

Los diputados de la Hermandad y los salafistas, que lograron los tres cuartos de los escaños, estaban presentes. No así los diputados de las formaciones liberales y prorrégimen, que boicotearon la sesión calificando el decreto de Morsi de «golpe de Estado constitucional».

Apoyo de los revolucionarios

El Movimiento 6 de Abril saludó la reapertura del Parlamento como un «paso importante» hacia la consecución de los objetivos de la revolución.

«Esta decisión evidencia que los egipcios realmente han elegido a su presidente en unas elecciones libres y justas. También significa que la junta militar no nos representa y que debe abandonar la escena políti- ca», recordaron.

Esta posición contrasta con la que mantienen políticos «laicos» como Mohamed ElBaradei, quien insiste en que los Hermanos Musulmanes deben respetar las decisiones del poder judicial, aunque este siga en manos del antiguo régimen y se haya convertido en una correa de transmisión de los planes de los militares egipcios.

Coincidiendo con la reanudación de la actividad del Parlamento, el Tribunal Constitucional de Egipto volvió a emitir una fallo por el que ordenaba la suspensión del decreto promulgado hace dos días por el presidente egipcio, Mohamed Morsi, que revocaba su disolución.

El control del poder legislativo se ha convertido en el caballo de batalla entre los militares y los Hermanos Musulmanes, que ayer mismo convocaron una marcha ayer mismo a la emblemática plaza Tahrir para defender la legitimidad del Parlamento, democráticamente elegido, el Tribunal Supremo Administrativo de Egipto aplazó hasta el 17 de julio el análisis de la disolución del Parlamento y las enmiendas constitucionales impuestas.

En medio de este pulso entre los islamistas y los militares, EEUU mantiene su lenguaje críptico y, por boca de su secretaria de Estado, Hillary Clinton, instó a «todas las partes» a un «diálogo» para superar las «comprensibles» dificultades para garantizar la transición.

El presidente Morsi viaja a Arabia Saudí en su primera visita oficial

El viaje del presidente electo egipcio, Mohamed Morsi, hoy a Arabia Saudí, su primer desplazamiento oficial al extranjero, evidencia la continuidad en las relaciones entre los dos pilares del mundo árabe, condenados a cooperar pese a su histórica rivalidad y sus recientes fricciones.

El régimen wahabita y los Hermanos Musulmanes tienen una historia de mutuo recelo. El apoyo sin ambages de la monarquía saudí al derrocado rais Mubarak provocó, asimismo, un acercamiento de la Hermandad a Irán, cuya revolución islámica, pese a su carácter chií, despertó en los setenta y ochenta la envidia, cuando no la simpatía, del mundo árabe suní.

La dinastía de los Saud ha jugado estos meses sus cartas financiando a los grupos salafistas egipcios, que reivindican el wahabismo y se han convertido en rivales internos de los Hermanos Musulmanes, al lograr en las parlamentarias un cuarto de los votos.

Riad recuerda estos días el apoyo del régimen saudí a los islamistas egipcios durante el enfrentamiento de estos últimos con Gamal Abdel Nasser tras su llegada al poder, en 1953. Pero, rescates históricos aparte, es la economía, y la pujanza petrolífera de la gran satrapía del Golfo la que Riad espera utilizar como palanca para mantener sujeto a Egipto e intentar abortar su despegue como gran potencia árabe con una política exterior independiente.

Arabia Saudí es el principal suministrador de fondos árabe de Egipto y acoge a 1.650.000 inmigrantes egipcios. Ha depositado 1.000 millones de dólares en el exhausto Banco Central de Egipto y ha comprometido otros tantos del Banco Islámico de Desarrollo. GARA

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Horas después de la breve sesión celebrada por la Cámara Baja del Parlamento egipcio, el Tribunal Constitucional ordenó la suspensión del decreto presidencial que revocaba su disolución y restablecía sus actividades y prerrogativas.

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