Los ministros de Finanzas de la eurozona cerraron ayer un acuerdo político sobre las condiciones del préstamo que darán al Estado español para recapitalizar su banca y decidieron movilizar 30.000 millones de euros para finales de mes como «contingencia», dijo el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker. El préstamo, que tendrá que ser ratificado el próximo día 20, tendrá un plazo de devolución medio de 12 años y medio, un periodo de gracia de casi 10 años y un tipo de interés que podría ser inferior al 3%.

Pese a que el ministro español Guindos trató de negar que haya asumido «más imposiciones» de la UE a cambio del rescate y la relajación de los objetivos de déficit -que se prorroga un año-, lo cierto es que el memorandum de entendimiento suscrito con el Eurogrupo recoge nada menos que 32 condiciones. Muchas de ellas recaen sobre el sector financiero, pero otras son macroeconómicas y otras restan competencias al Ministerio de Economía en favor del Banco de España, siempre bajo la tutela del Banco Central Europeo.

Fuentes europeas han admitido que las condiciones para el Estado español fijadas en el memorando son «más duras» de lo que se esperaba a priori pero también «más suaves» que las que se ha establecido para otros programas de asistencia financiera como el de Irlanda, Portugal o Grecia y el que habrá pronto para Chipre.

Así, según el texto, durante los 18 meses en los que se entregará por tramos el préstamo, una suerte de «troika» -formada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y, en este caso, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en lugar del Fondo Monetario Internacional (FMI)- verificará cada trimestre el cumplimiento de las condiciones vinculadas al plan con «misiones» e informes por parte del Ejecutivo español.

Más aún, la Comisión Europea estará autorizada a llevar a cabo inspecciones in situ en cualquier institución financiera que se beneficie de las ayudas para asegurar que se cumplen las condiciones.

Asimismo, el memorando recoge toda una serie de información que el Estado español deberá facilitar a Europa. Por ejemplo, se tendrán que dar datos semanalmente sobre depósitos bancarios y sobre la situación de liquidez de las entidades.

Entretanto, el Ministerio de Economía deberá transferir antes de final de año al Banco de España poderes sancionadores y capacidad para dar licencias bancarias.

Medidas fiscales

En segundo lugar, y como el memorandum vincula la situación del sector financiero con las finanzas públicas y con los desequilibrios macroeconómicos, recoge también una serie de condiciones en el ámbito de la política económica, en línea con lo contemplado en el procedimiento de déficit excesivo.

En concreto, la Unión Europea conmina al Gobierno de Rajoy a poner en marcha un sistema de impuestos acorde con los esfuerzos de consolidación fiscal y que proporcione mayor soporte al crecimiento económico, en referencia a una eventual revisión del IVA.

Asimismo, la UE plantea eliminar las bonificaciones fiscales por compra de vivienda, implementar las reformas del mercado laboral y adoptar medidas adicionales para aumentar la efectividad de las políticas activas de empleo.

También propone medidas adicionales para liberalizar los servicios profesionales, reducir los plazos en la concesión de licencias para desarrollar actividades económicas y eliminar las barreras para hacer negocios.

Y en tercer lugar, el texto del Eurogrupo recoge todo el paquete de medidas que deberán cumplir las entidades financieras. Entre ellas, destaca la indicación efectuada al Gobierno español para que presente rápidamente a Bruselas planes de liquidación ordenada de los bancos no viables que necesiten fondos públicos.

Esos planes deben ser compatibles con los objetivos de mantener la estabilidad financiera, minimizar la carga de estos procesos de liquidación sobre los contribuyentes, así como dejar que las entidades sanas adquieran activos y pasivo de forma competitiva, según señala el documento.

En virtud de dicho acuerdo, las autoridades españolas se comprometen a limitar la remuneración de los ejecutivos y miembros de los consejos de administración de todas las entidades que reciban ayudas.

El texto establece que las autoridades españolas emprenderán acciones «tempranas y oportunas» sobre los planes de reestructuración y liquidación de los bancos.

Las reestructuraciones deberán basarse en una reducción «significativa» de las áreas de negocio deficitarias, con desinversiones allí donde sea posible, a fin de reducir su dependencia en la liquidez del banco central. También se prevé una mejora del gobierno de las entidades y una reestructuración operativa a través de la reducción del número de oficinas y el recorte de personal.

El proceso comenzará «inmediatamente», este mismo mes de julio, con las entidades del denominado Grupo 1 (Bankia, CatalunyaCaixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia), es decir las que ya están controladas por el FROB y sobre las que se conocen en general sus necesidades de financiación pública.

Para los bancos del Grupo 2, aquellos cuyas necesidades de financiación se conozcan tras nuevas «pruebas de estrés» y que no puedan cubrirlas en los mercados, el objetivo es que la CE pueda aprobar los planes de reestructuración para diciembre de 2012.

Las recapitalizaciones requerirán un reparto de la carga y la reestructuración, a no ser que se empleen fondos del primer tramo de 30.000 millones.