El intento del Gobierno español de boicotear el dictamen europeo sobre Inés del Río -y en extensión sobre toda la «doctrina Parot»- no solo depende de él. Si bien la primera respuesta del ministro de Interior ha sido lanzar un mensaje insumiso con la negativa a liberar a la presa de Tafalla, hay decisiones que no están en manos del Ejecutivo sino de las instancias judiciales españolas, que tendrán más difícil desobedecer a los órganos jurídicos europeos.

Así, según el reciente informe presentado por Etxerat para su asamblea general extraordinaria, en la sede del Tribunal Constitucional español hay pendientes de decisión 21 recursos ya admitidos a trámite, además de otros 18 que esperan a la respuesta a ese primer filtro. Es decir, 39 casos que deberían ser respondidos en el máximo tribunal español con el nuevo criterio marcado por Estrasburgo. Al margen, obviamente, de todos los que posteriormente lleguen a Europa, como ha ocurrido con el de Inés del Río.

En marzo, antes de esta primera sentencia europea sobre la «doctrina Parot», el Constitucional apostó por avalar mayoritariamente esta práctica. Era su primer posicionamiento al respecto. Como es sabido, solo ha liberado a cuatro presos al aceptar sus recursos (José Mari Pérez, Juan Mari Igarataundi, José Ignacio Gaztañaga y, más recientemente, Pello Etxeberria) mientras ha decidido mantener en prisión a otros diecienueve.

Los casos pendientes

Entre los casos pendientes destaca la presencia de cuatro personas gravemente enfermas. Son Gotzone López de Luzuriaga, Jose Ángel Biguri, Iñaki Erro y Jesús Mari Mendinueta, que continúan en prisión a la espera de una decisión por parte del TC. En caso de que no se revocara la aplicación de la doctrina 197/2006, ninguno de ellos recuperará su libertad antes de 2017, una fecha muy lejana para aquellos que luchan contra la enfermedad desde una celda.

Asimismo, destaca la situación de Iñaki Pujana y de José Ramón Martínez de la Fuente, ya que en caso de cumplirse lo impuesto por el Supremo el primero no abandonará la prisión hasta el año 2021, habiendo pasado 34 años encarcelado; y el segundo no podrá regresar como hombre libre a Euskal Herria hasta 2020, tras pasar 35 años en prisión. Dos casos graves que superarían al vivido por Joxe Mari Sagardui, Gatza, que permaneció 31 años en prisión.

De todos modos, el resto de personas afectadas por la «doctrina Parot» no correrá mejor suerte que los represaliados anteriormente citados, porque la pena de prisión impuesta por los tribunales españoles para la mayoría de los presos recurrentes alcanza los 30 años. Este es el caso de Iñaki Orotegi, Imma Pacho, Maitane Sagastume, Raul Ibañez, Jon Aginagalde, Bautista Barandalla, Josu Díaz de Heredia, Iñaki Fernández de Larrinoa, Juan Mari Gabirondo, Nicolás Francisco, Kepa Solana, Inaxio Mendiburu, Francisco Lujanbio, Oscar Abad, Juan Carlos Arruti, Santos Berganza, Fernado Díez, Jose Etxeberria, Elias Fernández, Xabier Goldaraz, Antzon López, Jibi Martínez, Peio Odriozola, Jokin Sancho, Iñaki Urdiain y Jon Ander Urkizu, que no recuperarán su libertad hasta entre 2016 y 2023 salvo que el TC admita sus recursos.

Por su parte, Iñaki Arakama, Santi Arrozpide, Jose Mari Beristain, Unai Parot -entre los casos pendientes de ser admitidos a trámite- y Josu Amantes -entre los ya aceptados- han visto cómo su condena se prorrogaba, sin saber aún hasta cuándo.

Diez casos en este año

Por otro lado, Juan Ignacio Delgado, Manu González, Gonzalo Rodríguez, Iñaki Zugadi, Juan Jose Zubieta, Josune Onaindia, Alberto Plazaola, Oskar Cadenas, Asier Ormazabal y German Rubenach han sufrido la aplicación de la «doctrina Parot» este mismo año. Los tribunales españoles no han esperado a que Europa se posicionara sobre el caso de Del Río, a sabiendas de que con ello marcaría el camino.