Apesar de las iniciativas gubernamentales -pocas- y ciudadanas para esclarecer el conflicto e implementar una paz firme y duradera, tanto para Berger como para parte de la sociedad guatemalteca, y sobre todo de la beneficiaria del sistema, el genocidio es una cosa secundaria, un problema menor, una cuestión incómoda.

El actual secretario de Paz, Antonio Arenales Forno, va todavía más allá. A principios del pasado mes de junio, el máximo responsable de la implementación de los Acuerdos de Paz mandó cerrar la Dirección de los Archivos de la Paz, instalada durante el Gobierno de Álvaro Colom, como un ente que colaboraba en las investigaciones orientadas a reconstruir la memoria histórica, a entender la guerra y a desclasificar los archivos militares para determinar responsables de violaciones de los derechos humanos y de la represión armada -hecho que ha puesto en peligro multitud de documentos relacionados con los 36 años de un conflicto interno que dejó unos 200.000 muertos y miles de desplazados-.

Días después, Arenales Forno volvió a negar que en Guatemala se cometiera genocidio. El que fuera diputado y luego embajador de Guatemala ante la Unión Europea entre otros muchos cargos diplomáticos, había declarado en febrero, que le indignaba que se afirmase que en Guatemala hubo genocidio; contradiciendo las palabras de Colom, el presidente predecesor a Otto Pérez Molina, que sostuvo que existió y pidió perdón a las víctimas.

Con la desarticulación de la Dirección de los Archivos de la Paz termina el trabajo de investigación desarrollado por esta institución, un trabajo que ha permitido, en muchas ocasiones, dignificar a las víctimas y llevar a los tribunales a altos mandos del Ejército durante la década de los 80, incluidos dos exjefes de Estado, Efraín Ríos Montt y Óscar H. Mejía Víctores, por acusaciones de genocidio en las matanzas y masacres realizadas por las Fuerzas Armadas en Quiché, Triangulo Ixil, Plan de Sánchez y Dos Erres.

También desde los archivos, se contribuyó a fiscalizar casos como la desaparición del líder estudiantil y sindical Edgar Fernando García o la matanza en la embajada española en 1980, y a esclarecer lo ocurrido entre 1946 y 1948 con los experimentos sobre sífilis ejecutados por John Charles Cutler, que patrocinó EEUU, con ciudadanos guatemaltecos y que dejó 1.160 infectados de enfermedades venéreas. Para el secretario de Paz y consejero de Pérez Molina, Antonio Arenales Forno, el archivo «es inútil».

Con la llegada a principios de 2012 del Partido Patriota al Gobierno, el general retirado Otto Pérez Molina, se convirtió en el octavo presidente de Guatemala desde la restauración democrática y en el primer militar en alcanzar la jefatura de Estado desde 1985.

De 61 años, apoyó en 1993 el golpe de Estado de Jorge Serrano Elías y luego facilitó su caída. Además, el líder patriota está acusado por muchas organizaciones de violaciones a los derechos humanos mientras fue director de Inteligencia del Ejército (D2) en los años 80. Pérez Molina, bajo el sobrenombre de mayor Tito Arias, fue responsable en 1982 de un destacamento militar en Nebaj, un lugar estratégico en el enfrentamiento armado entre las guerrillas y el Ejército; un lugar donde, tanto el Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) como el periodista Allan Nairn, han documentado fechas y lugares de varias masacres contra el pueblo maya. Adicionalmente, se acusa al ahora presidente de la tortura y desaparición del guerrillero Efraín Bámaca, mientras dirigió la Inteligencia militar.

El político liberal-conservador, además de negar estas denuncias y otras que le vinculan a la familia Mendoza -implicada en el narcotráfico- se defiende alegando haber sido el representante del Ejército en la firma de los Acuerdos de Paz. No obstante, desde la llegada al poder de Pérez Molina, la involución en la implementación de los Acuerdos de Paz es una evidencia.

Los Acuerdos de Paz firmados en 1996 entre la coordinación de grupos guerrilleros Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen culminaron un proceso internacional de negociación de la paz iniciado en 1987 y rubricado con diferentes tratados firmados en las ciudades de Esquipulas, Querétaro, México D.F., Oslo, Estocolmo, Madrid y Ciudad de Guatemala.

Las signaturas de las partes, rubricadas en el Palacio Nacional de la Cultura, pusieron fin a uno de los conflictos armados más largos de Latinoamérica y han significado importantes cambios -paulatinos- para la transición y reconstrucción de las instituciones, la libertad intelectual y de expresión y la vida democrática guatemalteca.

Uno de los tratados firmados en 1994 en México incluyó un mecanismo de seguimiento que incluía una misión de verificación de la ONU, la MINUGUA. Su mandato transcurrió hasta 2004. El Gobierno estableció una autoridad especial, la Secretaría de la Paz, para la implementación y observación los Acuerdos. Una autoridad, a estas alturas, vaciada de autoridad.

Cuestiones aún no resueltas

Sin embargo, a pesar de toda esta arquitectura, no se han dado soluciones definitivas a los problemas que originaron la guerra. El Estado continúa siendo excluyente y no concuerda con la realidad multicultural del país. Los niveles de pobreza y desigualdad social que constituyeron las principales causas del conflicto continúan vigentes y en la sociedad persiste la intolerancia, el racismo y la discriminación.

Los asuntos fundamentales como la reforma fiscal y tributaria o priorizar la política social y el desarrollo integral, la educación y el respeto al autogobierno de los pueblos originarios quedan aún pendientes.

Otro tema contemplado en los Acuerdos de Paz que no ha sido resuelto es el agrario. Ninguno de los partidos que se han alternado en el poder desde 1996 han legislado en materia agraria ni han implementado políticas de desarrollo rural integral que garantice el acceso a la tierra al campesinado ante las grandes concentraciones latifundistas que existen en el país y, sobre todo, a las mujeres, en gran parte responsables de la producción agrícola, pero de las cuales solo muy pocas tienen titularidad sobre la tierra.

La propiedad, tenencia y uso de la tierra siguen estando en el núcleo de la conflictividad social y las demandas de distribución y recuperación de la tierra nunca han cesado. En Guatemala se siguen violando los derechos a la tierra mientras la situación de inseguridad alimentaria está causando un aumento en los niveles de desnutrición, principalmente infantil. La pobreza rural en Guatemala se ha agudizado en los últimos años debido a la concentración de la tierra en manos de pocas grandes empresas dedicadas a cultivos extensivos de caña de azúcar y palma africana destinados a la exportación de agrocombustibles que reemplazan los cultivos de maíz y frijol.

La creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente avalado por la ONU, es uno de los pocos proyectos previstos en los Acuerdos que ha dado algún fruto destacable.

La CICIG opera desde 2007 con el objetivo de fortalecer el sistema judicial guatemalteco, infiltrado por el crimen organizado, y reducir la impunidad, que alcanza el 98% de los casos que llegan a tribunales.

El trabajo de la CICIG ha servido para el desmantelamiento de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y también para esclarecer acontecimientos como, entre otros, el «caso Primavera» (trata de personas) o el «caso Rosenberg» (la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg en 2009, que desató una de las peores crisis políticas en el país).

Si bien los Acuerdos de Paz fueron innovadores al reconocer que Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, formalmente, el modelo político actual -fruto de la constitución de 1985- no ha sido cuestionado ni cambiado. Como en muchas otras partes, viviendo a la merced de la economía de libre mercado, la democracia representativa guatemalteca ha sido reducida al voto cada 4 años y la representación de los pueblos indígenas en la arena política es muy escasa.

Violencia y conflictividad social

Basilio Vásquez (nombre cambiado) fue guerrillero en la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), liderada por Rodrigo Asturias Amado -hijo de Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de la Literatura en 1967-, y una de los cuatro organizaciones guerrilleras que conformaron la URNG. Para Vásquez, 16 años después de los Acuerdos, el Estado guatemalteco sigue siendo «una institución elitista, paternalista y clientelar al servicio de la oligarquía y los intereses de los herederos de la conquista; igual que antes de la contienda».

Según Vásquez, Pérez Molina y los anteriores gobiernos han incumplido sutilmente los Acuerdos de Paz, «pues para que exista la paz firme y duradera, es necesario que haya también justicia social, como emanan los Acuerdos de Paz, cosa que no hay».

El incumplimiento del tratado se refleja, en su opinión, en «la intimidación y en la violencia racista, política y criminal que se extiende por todo el país; en que la pobreza y la desnutrición es una realidad en la ciudad y el campo; en que la inmunidad parlamentaria sigue posibilitando la impunidad de muchos perpetradores de crímenes durante la guerra y en que el empoderamiento de los pueblos maya, xinka y garífuna, históricamente marginados, es nulo».

De las palabras de Vásquez se desprende que la conflictividad social es ascendente y que las necesidades del pueblo y de los pobres no son ninguna prioridad en la República centroamericana.

«Guatemala tiene un 60% de indígenas, depende y vive de ellos, pero los desprecia y los reprime cuando hace falta. La prioridad de los gobernantes es perpetuarse en el poder, mantener la propiedad privada de la tierra y hacerse ricos a costa de megaproyectos extractivos», espeta Vásquez. A 16 años de la firma del Acuerdo de Paz, los militares siguen teniendo mucho poder. «Con Pérez Molina han vuelto de nuevo a ser visibles», afirma Vásquez. Guatemala tiene «un gobierno no militar pero sí de militares.

Además, el presidente ya ha instaurado un estado de sitio para solucionar un conflicto social y las tropas militares patrullan por las calles desde que llegó al poder», indica el exguerrillero. «Todos los puntos de los Acuerdos de Paz tienen vigencia política. Sin embargo, se ven amenazados por la contrarreforma que plantea y quiere imponer Pérez Molina con el apoyo de las familias poderosas oficialistas del país», concluye.

Juan Pablo Chang Soo, estudiante de filosofía guatemalteco de origen coreano y familiar de un gerente de una maquila textil, lo tiene claro: «El sector privado es el que más se ha beneficiado de todas las políticas públicas que siguieron a la firma de los acuerdos de paz». Centroamérica «es la región más violenta del mundo, pero invertir hoy en Guatemala es una garantía de ganancias empresariales. Nos venden que hay paz, pero las pistolas siguen disparando. Durante el conflicto armado se sabía quienes eran los bandos que disparaban, ahorita ya no sabes quién dispara, puede ser un militar, un marero, un narco, el crimen organizado o un pobre que se muere de hambre..., pero los negocios son lo único que prospera».

Chang Soo no habla de la realidad en la maquila pero menciona que el Estado se comporta con todas las empresas de la misma forma: «Reduciendo las regalías y ofreciendo certeza jurídica y protección a las inversiones, ya que el sector privado es el que hoy sustenta el poder en el país».

Considera que el discurso de «mano dura» y la imagen de Pérez Molina de «general de la paz» casa a la perfección con lo que pide mucha gente en este país: parar la violencia, los homicidios y la corrupción.

«La izquierda aparte de ser marginal en el Parlamento y de no poder competir en campaña con los partidos oligárquicos, ha ido perdiendo fuerza política y social más allá de los pocos municipios que aún controla, además está desarticulada, desunida y su mensaje no llega ni a los sectores populares ni a las pocas clases medias. La URNG es actualmente un partido residual en el congreso. Por estos factores y otros, los Acuerdos de Paz se siguen interpretando desde la posición del ganador y los temas de reconciliación y esclarecimiento histórico del genocidio son muy secundarios».