A pesar de que los datos son contundentes, ¿le sorprende que la Diputación siga sin asumir su error con la Supersur?

Lo cierto es que mantienen intacta nuestra capacidad de sorpresa. Siguen intentando justificar el proyecto, pese a los datos de tráfico y recaudación. Lejos de asumir el error y exponer claramente cómo repercutirá en los presupuestos futuros el no alcanzar los 25 millones de euros de ingresos previstos al año, nos intentan convencer del alivio que ha supuesto en los tráficos de la A-8. Al parecer todo vale. Es una huida hacia adelante.

La diputada de Obras Públicas y Transportes asegura que el tráfico de camiones aumentará con el paso del tiempo. ¿Son ustedes tan optimistas?

El sector está sufriendo duramente la crisis: aumento del precio del gasóleo, bajada del consumo, deslocalización y cierre de empresas... No es un buen momento para los transportistas. Conviene recordar que de todos los desplazamientos que se realizan en el Bilbao Metropolitano, tan solo el 34% son en vehículo privado. De ese porcentaje, el 6% corresponde a viajes de paso, para los que fue concebida la Supersur. Con esos datos ya se advirtió que no tenía sentido su construcción, no solo por parte de agentes sociales y políticos; los mismos bancos desconfiaban de la viabilidad, motivo por el cual se financió mediante los peajes de la A-8, contraviniendo así las directivas europeas marcadas por el Libro Blanco del Transporte.

¿Plantean alguna solución?

Las soluciones son complicadas, si bien la experiencia debiera servir para no acometer esas obras sin el suficiente respaldo social o contraste de su demanda. Este tipo de actuaciones, de tan alto coste social y económico, deben tener asociadas responsabilidades políticas e incluso penales. No es de recibo que, por intereses de cementeras, constructoras y financieras, se hipoteque el desarrollo. Los responsables políticos que juegan con el dinero de todos no pueden seguir dirigiendo la escena política, son un peligro probado y quizá vaya siendo el momento de exigir responsabilidades penales que hagan pensar dos veces las consecuencias de sus irresponsabilidades.

La solución para los túneles de Artxanda no ha sido mejor.

Para desgracia de nuestros bolsillos. Es una obra que fue propuesta y explotada por una empresa privada y que Diputación decidió rescatar, se asumieron pérdidas por 65 millones de euros. Otro claro ejemplo del modelo PNV: socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. El entonces diputado de Obras Públicas, José Félix Basozabal, alabó sus bondades, asegurando que `los riesgos son para la empresa concesionaria' o que `las responsabilidades son asignadas a los que realmente las tienen'. Probado queda que no ha existido responsabilidad ni riesgos. Empresas privadas y responsables políticos van de la mano, jugando con el dinero público y desapareciendo de escena sin sonrojo alguno.

A pesar del rescate y la titularidad pública de los túneles, la gestión se ha vuelto a privatizar, otros diez millones entregados a gestores privados hasta 2014. La voluntad por corregir los errores parece no existir.

José Luis Bilbao anunció en el pleno de junio una reunión de la Comisión Permanente ante el previsible descenso de la recaudación, pero no es únicamente el descenso de ingresos el que nos lastra; la nefasta gestión realizada en los últimos años, con ejemplos como los túneles y la Supersur, dibuja una situación de deuda en las arcas forales. No sería de extrañar que la situación de Interbiak fuera similar a la heredada por el Ejecutivo foral guipuzcoano con una deuda de 900 millones en Bidegi.

Los responsables forales anuncian el inicio de las obras de Autzagane, ¿es otro capítulo de la misma historia?

Todo apunta a que así será. Se comienza con un túnel sin saber a ciencia cierta si a la salida se realizará un final alternativo o no. Los condicionantes en la zona del Oka son muy importantes. Llama la atención cómo un ente sin relación con la Diputación, el Patronato de Urdaibai, ha presentado sus reparos y ha descartado el trazado planteado.

Parece que el principio foral es no atender las alegaciones.

En el trazado de Gerediaga-Elorrio, curiosamente el único que mantiene peaje-sombra y adjudicado a la omnipresente Viuda de Sainz, también han existido numerosas alegaciones de vecinos de Zornotza. Se planteaban trazados alternativos, pidiendo que no se destrozaran barrios enteros de caseríos. Esas peticiones no han sido atendidas. No existe más criterio que el elaborado por la Diputación para establecer las prioridades en la construcción o los trazados. Va siendo hora de sentarse con los municipios y consensuar las prioridades de estos proyectos.

¿Cuál es su opción?

Desde Bildu optamos por intervenir en las vías actuales, adecuándolas, ejecutando operaciones de ensanchamiento, rectificaciones de trazado y las mejoras que sean necesarias.

Suena a política de hechos consumados. ¿Hay alguna salida para minimizar los daños ambientales?

El tramo desde los túneles de Autzagane hacía adelante mantiene unos condicionantes que van a seguir existiendo: el río Oka, los caseríos de Gorozika o los diferentes arroyos que pasan y surten a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. La Diputación ha estado mal acostumbrada a dar por sostenible cualquier obra o trazado. Habría que plantearse la modificación total de los actuales sistemas de evaluación de impacto ambiental, planteando órganos de vigilancia para que, entre otras cosas, no vuelvan a suceder casos como los del Txorierri, túneles de Artxanda o Supersur. En la mayoría de los casos, la solución pasa por adecuar los viales actuales, sin necesidad de grandes obras como las planteadas.

Ejes radiales, Supersur, aumento de carriles de la AP-8, nuevo peaje de Gerediaga... ¿Cuál es la prioridad?

Es necesaria una actualización de las necesidades. No es de recibo seguir adelante amparándose en estudios que se apoyan en datos de 2004. La realidad de tráficos, socioeconómica y de movilidad ha cambiado, y con ello la necesidad o viabilidad de algunos proyectos. El paradigma con el que se ha operado es la construcción de nuevos viales como solución a la congestión de los existentes, no se abordan soluciones que reduzcan el uso del vehículo privado; carriles de alta ocupación, fomento del vehículo compartido, mallado del transporte público, desarrollo de la movilidad ciclable son medidas que no se contemplan en un departamento que parece orientado al cemento y a la construcción de viales.

Es necesario articular la vertebración de los eskualdes y el mantenimiento y mejora de los viales existentes. Son evidentes las penalizaciones que sufren los vecinos de Lea-Artibai respecto a otros eskualdes, el pago por uso de infraestructuras penaliza o beneficia de manera desequilibrada a los diferentes eskualdes. En estos años se han abandonado las necesidades de movilidad internas.