Decenas de vecinos del distrito barcelonés de Sant Martí se reunieron ayer en apoyo a las 300 personas que viven desde hace meses en una nave abandonada del barrio y sobre los que pende una orden de desalojo.

Pese a que la orden sigue vigente, la jueza suspendió el desalojo previsto ayer, después de que la semana pasada la abogada defensora tuviera que escuchar en los juzgados que «no tenían constancia de que viven 300 personas en el inmueble», según información recogida por `La Directa'.

Se trata de una fábrica abandonada desde hace años y en la que viven desde hace meses unos 300 inmigrantes. Pese a las deficiencias del lugar, los inquilinos han adecuado el espacio a sus necesidades y aseguran que la única alternativa que les queda en caso de desalojo es la calle. Durante el día de ayer, los habitantes de la fábrica y vecinos del barrio montaron una jornada de guardia ante la posibilidad de desalojo, pero vista la suspensión de la intervención policial, el día se convirtió en una jornada de puertas abiertas, en la que vecinos y medios de comunicación pudieron observar la precariedad del inmueble, así como los esfuerzos de los habitantes para hacerla más habitable -de hecho, cuenta hasta con un pequeño bar y restaurante-. Al margen del desconocimiento de los juzgados sobre la existencia de 300 personas dentro del inmueble, los vecinos tuvieron que escuchar también la respuesta del comisario de los Mossos en el distrito cuando fueron a pedirle explicaciones: «A mi no me hablen de derechos humanos, yo solo me dedico a acatar órdenes». El semanario «La Directa» asegura además que el inmueble es propiedad de una familia que preside entidades como la Fundación Maite Iglesias Baciana, dedicada a la ayuda humanitaria.

El concejal Eduard Freixedes indicó que el propietario ha llevado la ocupación al juez, que acabará determinando cuándo proceder al desalojo, y que ejecutarán los Mossos d'Esquadra.