Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge entregaron ayer en el Gobierno de Lakua 58.000 firmas contra la reforma sanitaria, diseñada por el PP en el Real Decreto Ley 16/2012. Con estas firmas, las agrupaciones citadas demandan al Ejecutivo autonómico, en manos del PSE, que no adopte las «medidas regresivas» impuestas por Madrid.

En declaraciones a los medios congregados en la entrada de Lehendakaritza, la coordinadora de la Amnistía Internacional en Gasteiz, Itsaso Zaldibar, explicó que la firmas, recogidas vía internet, se han recopilado para denunciar la «injusta» reforma, que, a su juicio, merma los derechos humanos y civiles de la ciudadanía en Hego Euskal Herria y en el Estado español.

Además, en opinión de Zaldibar, la reforma sanitaria, que de momento no se aplicará en la CAV gracias a la aprobación de una nueva normativa, vulnera los derechos de los inmigrantes en situación irregular y de todos aquellos jóvenes mayores de 26 años que no hayan cotizado, ya que con la entrada en vigor del Real Decreto ambos colectivos dejan de tener derecho a la atención primaria.

En cuanto al repago, vigente en Nafarroa, la coordinadora de Amnistía Internacional en la capital alavesa advirtió que «muchos pensionistas, viendo que sus pensiones se están recortando, deciden cortar su tratamiento por no hacer frente al coste de los medicamentos».

De cara a las próximas semanas, las tres asociaciones no descartan nuevas medidas contra la reforma. Una norma que contiene «medidas regresivas y discriminatorias» y que, según denunciaron Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge, «puede costar vidas».

Dudas de López

Por otro lado, ayer el lehendakari, Patxi López, se refirió a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) español establezca la obligatoriedad del repago farmacéutico en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

En una rueda de prensa ofrecida en la sede de Lehendakaritza, el actual inquilino de Ajuria Enea, que no descartó la aplicación del repago en los tres herrialdes que conforman la CAV si así lo estima el TC, explicó que el Ejecutivo autonómico habilitará diferentes mecanismos para compensar a los ciudadanos afectados por el mismo si este llega a aplicarse.