Amnist�a Internacional, M�dicos del Mundo y Red Acoge entregaron ayer en el Gobierno de Lakua 58.000 firmas contra la reforma sanitaria, dise�ada por el PP en el Real Decreto Ley 16/2012. Con estas firmas, las agrupaciones citadas demandan al Ejecutivo auton�mico, en manos del PSE, que no adopte las �medidas regresivas� impuestas por Madrid.

En declaraciones a los medios congregados en la entrada de Lehendakaritza, la coordinadora de la Amnist�a Internacional en Gasteiz, Itsaso Zaldibar, explic� que la firmas, recogidas v�a internet, se han recopilado para denunciar la �injusta� reforma, que, a su juicio, merma los derechos humanos y civiles de la ciudadan�a en Hego Euskal Herria y en el Estado espa�ol.

Adem�s, en opini�n de Zaldibar, la reforma sanitaria, que de momento no se aplicar� en la CAV gracias a la aprobaci�n de una nueva normativa, vulnera los derechos de los inmigrantes en situaci�n irregular y de todos aquellos j�venes mayores de 26 a�os que no hayan cotizado, ya que con la entrada en vigor del Real Decreto ambos colectivos dejan de tener derecho a la atenci�n primaria.

En cuanto al repago, vigente en Nafarroa, la coordinadora de Amnist�a Internacional en la capital alavesa advirti� que �muchos pensionistas, viendo que sus pensiones se est�n recortando, deciden cortar su tratamiento por no hacer frente al coste de los medicamentos�.

De cara a las pr�ximas semanas, las tres asociaciones no descartan nuevas medidas contra la reforma. Una norma que contiene �medidas regresivas y discriminatorias� y que, seg�n denunciaron Amnist�a Internacional, M�dicos del Mundo y Red Acoge, �puede costar vidas�.

Dudas de L�pez

Por otro lado, ayer el lehendakari, Patxi L�pez, se refiri� a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) espa�ol establezca la obligatoriedad del repago farmac�utico en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

En una rueda de prensa ofrecida en la sede de Lehendakaritza, el actual inquilino de Ajuria Enea, que no descart� la aplicaci�n del repago en los tres herrialdes que conforman la CAV si as� lo estima el TC, explic� que el Ejecutivo auton�mico habilitar� diferentes mecanismos para compensar a los ciudadanos afectados por el mismo si este llega a aplicarse.