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Calparsoro pide garantías ante posibles «fraudes» en la alteración del censo electoral

El fiscal Juan Calparsoro es favorable a la idea de hacer una reforma de la legislación electoral española que alteraría el censo en Euskal Herria, aunque pide que se fijen «garantías para que no existan fraudes».
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GARA | BILBO

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Calparsoro, considera que la alteración del censo electoral en Hego Euskal Herria que prepara el Gobierno del PP tiene cabida dentro de la Constitución española, aunque asume que sería «una medida excepcional al Régimen General Electoral», que establece que «uno tiene que votar donde reside y donde está empadronado».

En una entrevista concedida a Europa Press, Calparsoro indicó que, en caso de llevarse adelante la reforma electoral que permitiría votar aquí a quienes residieron al menos cinco años en Hego Euskal Herria entre 1977 y 2011, «las personas que se acojan a este derecho deben acreditar de una manera mínima, por lo menos, que se fueron por las amenazas y esto requiere, especialmente, ser rigurosos con esta acreditación».

«La idea me parece bien. No me parece una idea ilegal o contraria a la Constitución -comentó- pero, eso sí, con unas garantías para que no existan fraudes y para que sea, en todo caso, un derecho de las personas que se compruebe realmente su situación de amenaza y que se quieran acoger a él».

«Los que se quedaron»

Tras insistir en que hay que excluir cualquier posibilidad de fraude, indicó que «lo que está claro es que el Régimen Electoral es el general en todas partes porque uno vota donde está y si alguien, en su día, decidió irse, es muy libre», pero lo hizo «con todas las consecuencias».

El fiscal jefe del TSJPV también destacó que «desde un punto de vista social, moral, de ética ciudadana tuvieron más mérito» los amenazados «que se quedaron que los que se fueron».

«Con eso -matizó- no estoy diciendo que los que se fueron hicieran nada, en absoluto, nada contrario a la Ley ni a la moral pero, desde el punto de vista de moral social y público, los que se quedaron pese a estar amenazados -que había miles de personas amenazadas- tienen, sin duda, mucho más valor ético y político que los que se fueron, porque hay gente que en las mismas circunstancias se quedó».

Y reiteró que «hay que establecer las garantías para que se acredite realmente el motivo» por el que abandonaron Euskal Herria «porque mucha gente se fue por motivos económicos o profesionales».

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