Planes para alterar el censo electoral vasco
El plan para alterar el censo no cuenta con respaldo político
Ni el PNV ni el PSE apoyan la reforma planteada por el Gobierno español para alterar el censo electoral vasco. Ambos partidos, al igual que EA y Aralar, consideran que no encaja en el concepto de «reparación».
GARA | BILBO
En una entrevista con la agencia Europa Press difundida ayer, el presidente del EBB y candidato a lehendakari del PNV, Iñigo Urkullu, se muestra dispuesto a hablar «con rigor» y seriedad de «los desplazados por el terrorismo» y del resarcimiento global a todas las víctimas mediante la profundización de un «plan de retorno». Al mismo tiempo, pide al Gobierno de Mariano Rajoy que retire su propuesta de reforma electoral para que los «exiliados» por la amenaza de ETA puedan votar en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.
Tras considerar «una barbaridad» los criterios que contiene la iniciativa del Ejecutivo de Rajoy, insta al lehendakari, Patxi López, a que diga públicamente «si ve con buenos ojos» esta modificación del censo electoral «con fines electoralistas» y aboga por profundizar en «el plan de retorno» previsto en la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, aprobada por el Parlamento de Gasteiz en junio de 2008, para que estas puedan volver «definitivamente».
Urkullu revela en esta entrevista que ha recibido del Ministerio de Interior «la comunicación» del informe que recoge la propuesta de alterar el censo electoral una vez que este se conociera a través de los medios de comunicación, aunque no ha habido un emplazamiento para hablar sobre ello. Quien se ha puesto en contacto con el PNV ha sido el PP de la CAV, pero el líder jeltzale señala que sus dirigentes «no pintan nada en el PP español en estas circunstancias» y, por tanto, no cree que haya posibilidad de que «condicionen» la postura adoptada por Madrid.
El presidente del EBB reclama al Gobierno español «más rigor» a la hora de hacer planteamientos sobre algo «tan serio como el resarcimiento a las víctimas del terrorismo».
Por ello, asegura que quiere ir «más allá de la denuncia» que su partido lleva tiempo haciendo sobre «la pretensión de pucherazo», para adoptar «un tono de seriedad». En este sentido, puntualiza que «en la propia exposición de motivos de esta iniciativa del Gobierno español se habla del plan de retorno que, en su momento, planteó el Gobierno Vasco y que está contemplado en modificación de la Ley de Víctimas del Terrorismo».
«Si hablamos del resarcimiento de las víctimas y de los desplazados, la aspiración sería que esas personas que tuvieron que ausentarse de la Comunidad Autónoma Vasca puedan volver para residir definitivamente. Y es de eso de lo que estamos hablando el PNV en la modificación de la Ley de Víctimas del Terrorismo», añadió.
La Ley 4/2008 recoge en su artículo 5, bajo el epígrafe «Reparación», entre otros «principios y finalidades», el de «promover el regreso de la víctima a su lugar de residencia y la reincorporación a su empleo en condiciones adecuadas o, en su caso, el cambio de residencia y una política favorable a su integración laboral».
«¿Quiénes son?»
Urkullu considera que el planteamiento del PP «es un compromiso con una iniciativa que presentó el Foro de Ermua en el año 2006, hace ya seis años, y que refleja la obsolescencia del discurso» de los dirigentes del partido de Rajoy.
Llegado a este punto, pregunta «quiénes son los desplazados» por la amenaza de ETA, «en base a qué parámetros» se les identificará y «si solo lo son aquellos que puedan acreditar cinco años de residencia en el País Vasco sin más» entre los años 1977 y 2011. Y amplía la batería de interrogantes: «¿Valen los guardias civiles, los policías nacionales, los funcionarios del Estado que estuvieron destinados y que, por el hecho de ser funcionarios del Estado, han podido ser desplazados?, ¿valen los jubilados que decidieron volver a sus lugares de orígenes por decisión personal?, ¿valen los estudiantes que cursaron estudios, que han estado censados en el País Vasco durante el tiempo de estudios y ahora han vuelto a sus lugares de orígenes?, ¿valen los trabajadores de empresas que han decidido desplazarse de la Comunidad Autónoma Vasca?».
Tras reprochar que se trata de «una medida que solo contempla la posibilidad de votar sin estar empadronado y, por lo tanto, sin cumplir con los derechos y obligaciones de un residente en Euskadi», indica que a él le interesa más que, desde la CAV, «se vaya trabajando en el resarcimiento del sufrimiento de las víctimas» como se ha hecho en los últimos años.
En cuanto a que el informe de la comisión de juristas designados por el Gobierno de Rajoy plantee que solo se requiera de una declaración jurada de haber huido por la presión de ETA, sin que tenga que demostrarse, insiste en que «es una subversión y una alteración de todo lo que es rigor en cuanto a la concepción de ser víctimas del terrorismo». Por ello, emplaza a «no jugar» con la posibilidad de «alterar la legislación vasca, que afecta al Parlamento vasco y a las Juntas Generales». «¿Sólo se trata de votar en unas elecciones o de contemplar el sufrimiento padecido por el hecho de que se hayan tenido que desplazar y que esas personas puedan querer volver a Euskadi de manera definitiva?», cuestiona.
Urkullu destaca que entre 1977 y 2011 «ha habido muchas personas amenazadas que han mantenido su residencia» y que «se merecen también una consideración», por lo que plantea la necesidad de «intentar que haya unos parámetros globales de resarcimiento».
«No creo que el PP vasco pinte nada en el PP español en estas circunstancias», señaló el líder jeltzale.
La denominada Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo recoge como finalidad «promover el regreso de la víctima a su lugar de residencia y la reincorporación a su empleo en condiciones adecuadas».
Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, afirma que no han recibido presiones y que «la comisión ha sido ajena al Gobierno hasta el punto de que el ministro vio el informe cinco minutos antes de la rueda de prensa».
El comisionado del lehendakari para la Convivencia y la Paz, Jesús Loza, comentó que, si hay que hacer alguna reforma, «se haga más en lo que es la flexibilidad en el empadronamiento y no tanto en la ley electoral».
El secretario general de EA, Pello Urizar, también se muestra dispuesto a que «se ayude en la vuelta» a Euskal Herria a las personas que se tuvieron que marchar por la amenaza de ETA, pero acusa al PP de buscar, con la reforma de la ley electoral, únicamente «esos 210.000 o 220.000 votos» de los que hablan los dirigentes de ese partido.
Al mismo tiempo que rechazaba esa posibilidad, indicó que comprende y respeta «a todas personas que, por presiones de la violencia, del terrorismo, tuvieron que marcharse». En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, comentó que su partido está «dispuesto a que volvieran y se ayudase en esa vuelta a rehacer su vida si lo desearan y, de esa manera, reparar aquel daño que se les pudo hacer».
La iniciativa para alterar el censo electoral vasco, que está siendo impulsada desde el Ministerio español de Interior, tampoco ha recibido el visto bueno del PSE. El parlamentario Txarli Prieto acusó el sábado al PP de buscar «un debate permanente» con el voto de los «exiliados» y, en la misma línea que la planteada ayer por Iñigo Urkullu, lamentó que «lo que está pasando con este asunto no tiene ni rigor ni sensibilidad».
A través de los micrófonos de Radio Euskadi, Prieto incidió en que «ha habido tiempo para llevar este proyecto adelante, y no se quiere». Tras defender que se lleven a cabo «aquellas iniciativas que permitan reparar a las víctimas del terrorismo», con independencia de quién las presente, abogó por desarrollarlas «con rigor y sensibilidad». En cambio, el dirigente del PSE alavés opina que el PP solo quiere prolongar el debate «para ver si alguien se desliza y hay un incendio más en la vida política».
«Lo que debe hacer un partido serio y con recursos suficientes para llevarlo a efecto es que el Gobierno de España haga un proyecto de ley, lo lleve a las Cortes Generales y se debata», puntualizó. En su opinión, lo que está haciendo el Ejecutivo de Mariano Rajoy es, justamente, lo contrario: «Cada día se saca una nueva información, pero se pretende alargar en el tiempo el debate. Se está consiguiendo, en parte, que un grupo político como el PNV hable de pucherazo y electoralismo».
En la misma emisora, el parlamentario de Aralar Dani Maeztu calificó de «bajeza política» que la reparación a aquellas personas que se tuvieron que marchar por la amenaza de ETA «se limite al derecho al voto». «Nadie se ha preocupado por la situación en que han vivido y todo se limita a estimaciones de escaños -agregó-. Es de una bajeza total. Lo que hay que hacer es analizar de cuántas personas hablamos, de cuál es su situación personal y, si quieren volver, que vuelvan».
El dirigente del PP Carmelo Barrio justificó la iniciativa de su partido indicando que «lo fundamental es la voluntad política de reparar la injusticia» y afirmando que «el propósito es promover los cambios legislativos que restituyan a las personas que se vieron obligadas a abandonar este país por causa de la violencia. Es de sentido común y justicia reparar derechos arrebatados». GARA
El Foro de Ermua, que durante años ha defendido esa idea, critica ahora al Gobierno de Rajoy y dice que este ha promovido esa iniciativa para «acallar» las discrepancias a la «política antiterrorista» y que la utiliza para «contentar» a los críticos.
